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Impulsa PRD validación de clases extramuros a hijos de mujeres víctimas de violencia

Impulsa PRD validación de clases extramuros a hijos de mujeres víctimas de violencia

La diputada Olga Catalán Padilla (PRD) propuso modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General de Educación, con

  • Publisheddiciembre 30, 2017

Ciudad de México a 30 de Diciembre (JUAN R. HERNÁNDEZ / MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-La diputada Olga Catalán Padilla (PRD) propuso modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General de Educación, con el objetivo de validar las clases extramuros que hayan tomado los hijos de las víctimas de violencia de género y violencia intrafamiliar que se encuentran en los refugios, y no perder el ciclo escolar.

La también secretaria de la Comisión Especial de Alerta de Género informó, en un comunicado, que presentó una iniciativa en que busca proteger a miles de mujeres que sufren algún tipo de violencia que vulnera su dignidad.

De acuerdo con los datos obtenidos de una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inegi), cerca del 15 por ciento de jóvenes del país justifica la violencia hacia las mujeres y el mismo porcentaje considera que el gobierno no debe intervenir cuando un hombre maltrata a su esposa o cónyuge pues lo consideran como un asunto privado.

Según la misma encuesta, cerca del 80 por ciento de las personas cree que no se le debe pegar a las mujeres, pero 95 por ciento considera que este tipo de actos suceden a diario.

La legisladora perredista argumentó que los principales factores determinantes de la violencia de género son la relación desigual entre hombres y mujeres y la existencia de la “cultura de la violencia” como medio para resolver conflictos.

Sostuvo que entre las principales causas por las que las mujeres se convierten en víctimas de violencia se encuentran las relacionadas con situaciones de alcoholismo y drogadicción, réplica de lo que sucedió en su infancia, estrés y asuntos económicos que pueden estar viviendo los agresores.

Además, la pobreza, principalmente en zonas rurales e indígenas del país, por lo que de aprobarse su iniciativa, “habría mayores elementos jurídicos para garantizar los derechos de las mujeres violentadas y también de sus hijos, en materia educativa”.