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Próxima semana prevén aprobar dictamen sobre prisión preventiva oficiosa; incluirá conclusiones de audiencias públicas: Mario Delgado

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  • Discutir en parlamento abierto temas que preocupan a la sociedad ha enriquecido los dictámenes

Ciudad de México, 09 Febrero (MEXIQUEÑO/CÍRCULO DIGITAL).-El presidente de la Junta Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo, afirmó que probablemente la próxima semana se vote el dictamen sobre prisión preventiva oficiosa, en donde se incluirán las conclusiones de las cuatro Audiencias Públicas que permitieron analizar el artículo 19 constitucional.

Afirmó que de ninguna manera se quiere engañar a la sociedad o a las víctimas presentando esta medida como la solución o la varita mágica al enorme déficit de justicia e impunidad que existe en el país.

“No vamos a encontrar una ley única que resuelva esto de manera integral, tenemos que ir enfrentando distintos aspectos del sistema de justicia, porque tiene una falta de eficacia tremenda en muchos lados; tenemos que irlos enfrentando poco a poco”, añadió.

Delgado Carrillo apuntó que se está por una visión integral de detener el fenómeno de la violencia de manera directa desde sus causas, y ésa es la principal estrategia del gobierno de la República. “Básicamente el Presidente lo que está pidiendo es ser más eficiente en la persecución en delitos que ofenden enormemente a la ciudadanía”, añadió.

Dijo desconocer qué pasará con el dictamen, pero está claro que se requiere mayoría calificada para su aprobación y “por eso abrimos estas audiencias para escuchar a la sociedad civil y tener mayores elementos, a efecto de tener un dictamen final”.

Hay tres opciones: irse con el dictamen actual y se incorporen en el Pleno los delitos que generen dos terceras partes de la votación; que le hagamos caso al Senado y se aprueba la minuta en sus términos; es decir que sean los nueve, o respetar el acuerdo con el Senado y tomamos la minuta y la aprobamos.

Sin embargo, dijo, las audiencias generan una opción que es la posibilidad de ir al artículo 16 constitucional, pero “debemos revisar un poco más lo que haremos con el 19, porque más de la técnica jurídica también cuenta el debate político”.

De considerar la opción del 16, explicó, podría leerse que en lugar de darle al Estado más instrumentos para acabar con la impunidad, se va en sentido contrario, “que ya no hay delitos con prisión preventiva oficiosa y que todos los va a determinar un juez. Tenemos que ser cuidadosos en esos balances”.

Resaltó que ocurrirá lo que genere mayoría calificada, pero suponiendo que se incorpore en el 19, o incluso en el 16, “tendríamos que ir al Código, o en el caso de robo a combustible a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos de Hidrocarburos para tipificar esos delitos; hay que diferenciar el tipo de conductas y no hacerlo de manera generalizada. Así es como está el debate actualmente en la Cámara”.

Previamente, señaló que algunas de las conclusiones de las audiencias fueron con sentido crítico y entre ellas está que la reforma constitucional va en contra de los derechos humanos, los restringe y no es necesaria, porque el contenido actual es suficiente para los fines que se persiguen, y que sería preferible buscar soluciones integrales y fortalecer al Ministerio Público y a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Asimismo, que ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa debería avanzarse en su extinción porque atenta contra los derechos humanos y tiene el riesgo de ser arbitraria e ilegal. No hay que olvidar que se trata de una medida cautelar que debe ser la excepción y no la regla y lo que se requiere es una revisión integral al Código de Procedimientos Penales.

Además, adoptar acciones tendentes a reducir esta figura porque criminaliza la pobreza y provoca el hacinamiento carcelario, pone en riesgo a cualquier ciudadano, no va a prevenir la delincuencia y es tóxica porque aumenta la probabilidad de injusticia, por lo que en su lugar se requiere fortalecer la prisión preventiva justificada.

Delgado Carrillo precisó que algunos de los planteamientos y propuestas que señalan la conveniencia de aprobar la modificación, fueron que existe en la Constitución y no es la primera vez que se amplía el catálogo.

Del mismo modo, que existen delitos que por su gravedad merecen medidas de mayor fuerza y es justamente en la Constitución donde deben establecerse las modalidades, y los que se adicionan son de alto impacto, de grave afectación a la vida, dignidad y patrimonio de las personas, además de que responde al reclamo de acabar con la corrupción y la impunidad.

También que es necesario establecer la prisión preventiva que permita hacer efectivo el combate de delitos especialmente graves, como el aumento exponencial en el robo autotransporte y comercio.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) agradeció la participación de quienes vinieron a las audiencias a compartir sus conocimientos, puntos de vista y opiniones sobre este tema. “Hoy nos dan luz para ver por dónde hacerlo de mejor forma; nosotros sostenemos que por la cantidad de reformas que tiene la Constitución debiéramos, incluso, de pensar en hacer una nueva”.

“La realidad que tenemos en el tema de justicia tiene que ver también con un problema estructural, de modelo, cultural, pensamiento, actuar, y con un problema verdaderamente mayúsculo que tenemos en la patria, por lo que esta nueva política nos va a permitir desde luego hacer cosas bien y mejores para nuestra nación y ciudadanos”, comentó.

Agregó que dentro de la responsabilidad que tienen, tomarán en consideración todo lo expresado, porque viene de la experiencia y conocimiento que compartieron los especialistas.

En la Cuarta Mesa de las Audiencias Públicas sobre “Prisión Preventiva Oficiosa, Libertades e Investigación”, representantes de diversas asociaciones civiles y organizaciones empresariales externaron sus preocupaciones y propuestas sobre la iniciativa que plantea reformar el artículo 19 constitucional.

De Amnistía Internacional México, Andrea Nomdedeu Díaz-Valero, expresó que de acuerdo con el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, en las cárceles mexicanas hay personas que llevan más de 15 años esperando ser juzgadas.

La prisión preventiva oficiosa, afirmó, tiene un impacto negativo en la persona que ha sido detenida y en su familia. Los costos para el Estado son de diversos tipos, pues mantenerla cuesta dinero. “Se podría ampliar estos recursos para elaborar políticas que permitieran frenar este repunte de la violencia e invertir en educación y en servicios sociales”.

Resaltó que las prisiones actúan como caldo de cultivo para la actividad delictiva. “La prisión preventiva no debe ser aplicada de forma automática, pues vulnera los derechos fundamentales, ya que quebranta el derecho a la libertad personal y vincula el principio de inocencia; su uso nunca deberá ser una medida punitiva y únicamente tendría que ser excepcional y no una forma de sanción”.

Juan Manuel Gastélum Buenrostro, presidente Municipal de Tijuana, Baja California, pidió apoyar la iniciativa tal cual del Senado de la República, en sus términos, en particular, por la portación de armas de fuego. “Las leyes deben estar hechas para beneficiarnos a los ciudadanos de bien y no a los que están en la cárcel por diversos delitos”.

De no apoyar la prisión preventiva oficiosa, dijo, “los crímenes continuarán; no nos merecemos que una ley no nos proteja. Si no se cierra la puerta al permitir la libertad a aquel que la quebranta, como es la portación de armas de fuego, robo a casa habitación o abuso a los menores, estamos en problemas; no permitamos que se nos vaya de las manos la aplicación de la ley en beneficio de todos”.

La consejera nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gabriela Altuzar Zaragoza, solicitó a los diputados que en la reforma que se analiza se considere como delitos graves el robo al transporte de carga y en cualquiera de sus modalidades, y la portación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, a fin de combatir la impunidad en forma efectiva.

Afirmó que la inclusión de ambos delitos “es una señal esperanzadora de que el combate a la impunidad será asignatura prioritaria para el gobierno Federal. Nunca debe olvidarse que brindar a los ciudadanos seguridad, orden y paz es la función originaria, primordial del Estado”.

María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, enfatizó que los derechos no se negocian y consideró inaceptable que se discuta la idoneidad de reducir garantías para combatir el crimen, “porque no debe confundirse; lo que hoy se discute no son estrategias para lograr una persecución efectiva del delito o un mayor acceso a la justicia, sino la reducción de derechos de imputados y víctimas”.

Subrayó que la prisión preventiva implica la renuncia a la presunción de inocencia y el debido proceso, así como obstaculizar el acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad de los hechos. Estimó que si los legisladores votan a favor del aumento del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, lo estarán haciendo por “más personas en prisión, hacinamiento en las cárceles, violación de derechos humanos y familias desintegradas y pagando injustamente las consecuencias del encarcelamiento”. Asimismo, votarán en pro de “policías y ministerios públicos menos competentes, jueces más complacientes y de una justicia más lenta e ineficiente”.

Comentó que de acuerdo con la experiencia internacional, el efecto del encarcelamiento en la prisión preventiva de delitos es, en el mejor de los casos, marginal. Entonces, “por qué insistir en esta medida” y no apostarle a acciones que resuelvan la inseguridad. Antes de cambiar la Constitución, hay que revisar la operación del sistema de justicia, establecer controles de discrecionalidad de los ministerios públicos e invertir en las unidades de seguimiento a medidas cautelares.

La directora de Equis Justicia para las Mujeres, Ana Pecova, coincidió que la iniciativa analizada abre potencialmente la vía para que se aumente el número de mujeres que están en prisión; además, que no se cuenta con la infraestructura para llevar a cabo esta reforma, ya que de las 389 prisiones que existen en México, sólo 15 son para el sector femenino.

Resaltó que en la actualidad hay una recomendación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer para que México reduzca la prisión preventiva. “Debemos entender que colocar a los delitos contra la salud entre los que ameritan prisión oficiosa no ha contribuido a reducir el uso o tráfico de sustancias, pero sí ha creado muchas víctimas”.

La responsable del área de derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Estefanía Vela Barba, se pronunció por rechazar la reforma para que no se amplíe el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Para tener una verdadera procuración de justicia y resolver el problema de la violencia, propuso invertir en capacidad de fiscalización, en las unidades de seguimiento de evaluación a medidas cautelares, en las capacidades del Poder Judicial, en mecanismos de solución de conflictos y empezar a despresurizar el sistema.

Roberto Hernández, realizador del documental “Presunto Culpable”, refirió que de acuerdo con una encuesta del Inegi, de las 58 mil personas hoy privadas de su libertad, el 99 por ciento estuvieron presos preventivamente y uno por ciento llevó el proceso sólo en libertad. Es decir, “la prisión preventiva ya se aplica de forma generalizada en el sistema de justicia penal de nuestro país”.

Lo que significan estos datos, continuó, “es que la prisión preventiva es tóxica, simplemente incrementa la probabilidad de que haya un error, de que haya una sentencia condenatoria errada, incrementa la probabilidad de que las personas sean torturadas y es una probabilidad que incrementa de forma muy significativa”.

Invitó a los legisladores a no aprobar “una reforma que es frívola y absurda” porque implica poner en el capítulo de preceptos de la Constitución que todos tenemos derecho a que nos metan a la cárcel de forma automática. “Necesitamos menos prisión preventiva y más alternativas a la prisión preventiva; otra clase de medidas cautelares tendrían mucho mayor sentido y serían menos lesivas de la libertad personal”.

Leonardo Gómez Vargas, de la Asociación Nacional de Transporte Privado, resaltó que en los últimos años el robo de transporte de carga se ha incrementado significativamente en las principales carreteras y vías de comunicación del país. Ante esta problemática, se congratuló con la minuta para agregar al catálogo de delitos el robo de transporte en cualquiera de sus modalidades.

Destacó la importancia de la prisión preventiva oficiosa como el factor indispensable para lograr la disminución de la incidencia delictiva que afecta al sector, a la sociedad y al país. Precisó que esta medida tiene como fin legítimo el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia.

De Word Justice Projet (WJP), Layda Negrete afirmó que es falso que la prisión preventiva reduzca el delito, al contrario, lo incrementa y pone en peligro a cualquier ciudadano, porque es una figura que permite meter a la cárcel desde el momento de la detención, sin investigación, pruebas, juicio ni declaración de culpabilidad.

Alertó que el verdadero beneficiario de la prisión automática es el funcionario corrupto y “para ellos están legislando. Me manifiesto en contra de esta figura y exhorto a los legisladores a que se avoquen a promover medios de investigación de calidad; ésa es la única fórmula para abatir la impunidad de forma real”.

Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de Renace, pidió que esta iniciativa debe aclarar que ya existe la prisión preventiva y que no va a prevenir la delincuencia, pues ello se consigue a través de una adecuada persecución del delito, una investigación efectiva y un buen trabajo policial. “La justicia no es responsable de la prevención del delito”.

De Borde Jurídico, Ernesto Peralta Medina opinó que no se necesita judicializar cada caso que llega al Ministerio Público; es imprescindible una política de persecución penal que ayude a decidir qué se judicializa y qué no. “Hay que generar justicia, para ello, el Ministerio Público debe actuar con transparencia y criterios claros. Debemos generar rendición de cuentas, flexibilidad, atención integral y cambio de imagen en las fiscalías, así como una campaña intensa de denuncia para atacar las cifras negras”.

El abogado penalista, Marco Antonio López Valdez sostuvo que la prisión preventiva como medida cautelar “no puede, de ninguna manera, dictarse de forma oficiosa, porque atenta contra el principio de prevención de inocencia y la independencia judicial”, y como medida de seguridad, el Estado puede, legítimamente, establecer constitucionalmente un catálogo de delitos susceptibles.

“No somos ajenos al hecho de que la prisión preventiva como medida de seguridad podría lesionar derechos fundamentales; sin embargo, dada la grave crisis de inseguridad, corrupción y debilidad institucional del Estado para combatir la delincuencia, consideramos que es una herramienta muy útil como medida de prevención general y lograr así la justicia”, añadió.

Silvia Alexandra Esquivel, doctora en Derecho Penal y Constitucional por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, expresó que si se amplía el catálogo de prisión preventiva y no se deroga el 19 constitucional se deja a México en una responsabilidad internacional por legislar de manera contraria a los tratados y convenios. “¿Gozan de la solvencia económica para soportar la indemnización que ocurran de resoluciones por violaciones de derechos humanos?”.

El diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta Coordinación Política, afirmó que ya es una práctica en esta legislatura tener un parlamento abierto en los temas que más le importan a la sociedad y que han sido muy fructíferas y tenido impacto directo en los dictámenes que se han discutido en esta Cámara.

Preguntó si la propuesta alternativa que se hace al artículo 16 constitucional, para que la prisión preventiva justificada le otorgue a un juez y haya menor discrecionalidad y mayor transparencia, ¿sería posible que conviviera para algunos delitos y en el 19 dejar la oficiosa para otros?

Inquirió si tendría que desaparecer la oficiosa en el 19 y ¿cuál sería la motivación de ello?, si es atender las recomendaciones internacionales de que esta medida no debe seguir en la Carta Magna por todo lo que significa o por una cuestión técnico-jurídica ¿no podrían convivir?

Reginaldo Sandoval Flores, diputado coordinador del PT, calificó como históricas este tipo de audiencias y que el parlamento abierto se dé en esta legislatura, y se manifestó porque estos ejercicios se eleven a rango de ley.

Sostuvo que el tema es importante, porque visibiliza la desigualdad, injusticia y violación a derechos humanos. “La prisión preventiva viola el derecho humano, la presunción de inocencia y el debido proceso; qué hacemos con la realidad que tenemos de que no hay independencia entre el Ministerio Público”.

Cuestionó cómo se le hace para que las universidades en sus facultades de derecho cambien sus planes de estudios y los adecuen al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. “Nadie puede decir que son delitos graves: el robo a la gasolina, la posesión de armas, el delito electoral, corrupción y el abuso de menores”.

La secretaria de la Comisión de Justicia e integrante de la de Puntos Constitucionales, Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena) relató que muchos de los ponentes muestran resistencia a que se apruebe esta reforma, ya que consideran que va en contra de los derechos humanos, los tratados internacionales y los principios rectores de nuestro sistema, pero también realizaron propuestas alternativas, las cuales a través del diálogo se podrán analizar.

Precisó que la nación enfrenta una realidad muy compleja, por lo que es primordial dar solución a los temas de seguridad, delincuencia, lo cual implica atender las causas y no sólo los efectos y para ello se tendrá que entender desde las injusticias sociales, la crisis de valores, la diferencia óptica del estudioso de las ciencias penales y el punto de vista de los ciudadanos, porque ellos son los que sufren los robos y las agresiones.

El secretario de la Comisión de Gobernación y Población, diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), sostuvo que la iniciativa que hoy analiza la Cámara de Diputados busca que la víctima sea el centro de la discusión en materia criminal y penal.

“Hoy tenemos un grave problema de impunidad y corrupción, por lo que la ciudadanía nos demanda atender el problema de reincidencia, factor que ha generado el incremento de los delitos del orden común, por lo que se debe fortalecer el trinomio: policías, fiscalía y Poder Judicial, de lo contrario, no se iría a ningún lado”.

Añadió que en el caso del Sistema de Justicia Penal es importante crear mecanismos de vigilancia y control parlamentario que permitan exigir a las entidades estatales que inviertan en este ordenamiento, porque “las leyes parecen que chocan con la realidad y no podemos permitir que eso siga ocurriendo”.

La también secretaria de la Comisión de Justicia, Lizbeth Mata Lozano (PAN), celebró el parlamento abierto que hoy se genera en esta mesa y el principal reto del artículo 19, sin duda, es encontrar un equilibrio entre el México violento y un sistema garantista, encontrar ese equilibrio entre la sociedad y lo jurídico.

La integrante de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), resaltó que el país que se desea construir es uno que sea democrático, que respete las garantías individuales, el debido proceso, la independencia judicial, presunción de inocencia y donde se aplique la ley, no de manera selectiva, sino a todos por igual,

“No queremos la discriminación de la pobreza que hemos visto durante varios años, pues no habrá proceso de pacificación, mientras no se construya un Estado de derecho”, puntualizó la legisladora.

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