Por NOTICIASCD.MX
Ciudad de México, 9 de abril de 2026. — En una sesión marcada por el choque de posturas, consignas veladas y discursos encontrados, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la minuta de la reforma constitucional conocida como Plan B, con 49 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, en su papel como integrante del Constituyente Permanente.
El recinto de Donceles se convirtió en un campo de batalla político donde, durante varias horas, 18 legisladores desfilaron por tribuna para defender o desmontar una reforma que ha dividido a las fuerzas políticas del país.
Desde la bancada de MORENA, la narrativa fue clara: el Plan B representa un golpe a los privilegios. La diputada Valentina Valia Batres sostuvo que la reforma “pone freno a la alta burocracia”, mientras que Yuriri Ayala defendió que fortalece la vida democrática al ajustar el gasto público.
Sin embargo, la oposición pintó un escenario completamente distinto.
El PAN lanzó una ofensiva directa. El diputado Ricardo Rubio Torres advirtió que el Plan B “recorta instituciones sin enfrentar la infiltración del crimen organizado en elecciones”, mientras que Diego Garrido acusó que la reforma “debilita al árbitro electoral”, encendiendo alertas sobre el futuro del sistema democrático.
El debate escaló cuando legisladores panistas insistieron en que la reforma no fortalece el voto ciudadano ni garantiza condiciones equitativas, sino que abre la puerta a un modelo más centralizado y vulnerable.
En medio de estas posiciones, Movimiento Ciudadano calificó el Plan B como una “modificación cosmética”, sin cambios de fondo, mientras que el PRI fue más allá: lo tachó de una reforma sin credibilidad que busca “cooptar el último bastión de la democracia”.
Pese a las críticas, la mayoría oficialista se impuso sin sobresaltos.
El dictamen, enviado por el Congreso de la Unión, modifica los artículos 115 y 116 de la Constitución y añade disposiciones al artículo 134, con el objetivo de limitar regidurías, ajustar presupuestos legislativos estatales y establecer topes salariales en órganos electorales.
Así, entre aplausos de unos y advertencias de otros, el Plan B avanzó en la capital del país, dejando claro que la batalla por el modelo electoral está lejos de terminar.