Por NOTICIASCD.MX
Ciudad de México, 9 de abril de 2026. — En el marco de la discusión de la Reforma Electoral conocida como Plan B, la diputada Diana Sánchez Barrios, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, expresó un respaldo firme a la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando su enfoque en la austeridad y la justicia social.
Durante su intervención en el Congreso capitalino, la legisladora subrayó que esta reforma representa un parteaguas en el uso del gasto público, al establecer que debe ejercerse bajo principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, tal como lo mandata el artículo 134 constitucional.
Sánchez Barrios sostuvo que uno de los ejes centrales del Plan B es terminar con los privilegios de las élites burocráticas electorales, señalando que consejeros y magistrados no deben percibir remuneraciones por encima de los límites constitucionales ni contar con beneficios injustificados financiados con recursos públicos.
“La democracia no puede seguir siendo un privilegio de unos cuantos, debe convertirse en una herramienta real al servicio del pueblo”, enfatizó la legisladora, quien también destacó que los recursos que se logren ahorrar serán redirigidos hacia infraestructura y programas de bienestar.
Asimismo, explicó que la reforma contempla medidas concretas como la reducción de estructuras administrativas en ayuntamientos —limitando su integración a una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías—, así como un tope al gasto de los congresos locales, que no podrá exceder el 0.7% del presupuesto estatal.
En materia de igualdad, la diputada resaltó que la iniciativa incorpora principios de paridad de género vertical y horizontal, garantizando condiciones reales de participación para las mujeres en la vida política del país.
Finalmente, Sánchez Barrios aseguró que esta reforma no debilita a las instituciones, sino que las obliga a cumplir con su mandato constitucional, reiterando que legislar implica responder al mandato popular y no a intereses de grupo.