Por NOTICIASCD.MX
- Video exhibe presunto allanamiento sin orden judicial; comerciantes acusan criminalización
CDMX, 15 febrero 2026.- Durante la conferencia La Chilanguera, fueron presentadas imágenes que muestran a la alcaldesa, Alessandra Rojo, ingresando a oficinas de comerciantes populares sin mandato judicial, en medio de un despliegue policiaco que dejó personas lesionadas, denuncias penales y una oleada de indignación en redes.
El diputado morenista Paulo Emilio García sostuvo que no se trató de recuperar el espacio público, sino de montar una escena de confrontación.
“No se entiende esto sin las denuncias de corrupción que han levantado nuestras compañeras diputadas. Quieren cuadrar una visión política, no de ordenamiento”, acusó.
Cronología: del oficio al choque
Los hechos escalaron en cuestión de horas y quedaron registrados en tarjetas informativas, testimonios y videos.
6 de febrero. La demarcación envió un oficio a la diputada Diana Sánchez Barrios para exigirle acreditar permisos de comerciantes en San Cosme. La legisladora respondió que no ocupa cargo alguno dentro de la organización Pro Diana.
12 de febrero, 16:30 horas. Personal de la alcaldía, encabezado por Erika Rodríguez y Esteban Velázquez, retiró a 25 vendedores sin aviso previo. Aunque el valor de la mercancía ascendía a miles de pesos, en las boletas se asentaron artículos menores.
13 de febrero, 14:00 horas. El Gobierno de la Ciudad de México convocó a una mesa de mediación. La autoridad de la demarcación no acudió. En el encuentro, comerciantes recordaron que su presencia en San Cosme derivaba de un acuerdo alcanzado año y medio atrás con el entonces alcalde interino Raúl Ortega para liberar el túnel Génova.
16:00 horas. Sin restricción expresa en la mesa, los vendedores se reinstalaron.
17:30–18:00 horas. La alcaldesa arribó con patrullas. Testigos aseguran que, tras un intento de diálogo, ordenó el retiro por la fuerza. Hubo empujones, golpes y mercancía decomisada destinada a las ventas del 14 de febrero.
19:30 horas. La representante legal de Pro Diana buscó interlocución; fue rechazada. En medio de tensión, integrantes del propio equipo de seguridad realizaron maniobras para resguardar a la funcionaria. Comerciantes denunciaron agresiones contra personas de la comunidad LGBT+ y adultas mayores.
20:30 horas. Con la zona en calma, cámaras captaron a personal de la alcaldía ingresando a oficinas de la organización sin orden judicial. Minutos después, la alcaldesa realizó una transmisión en vivo donde señaló a vendedores como criminales.
Denuncias ante la Fiscalía
Hasta ahora, 12 comerciantes han acudido al Ministerio Público para denunciar lesiones, abuso de autoridad, amenazas, discriminación y robo de mercancías. Los expedientes se suman al debate sobre el uso de la fuerza pública y los límites legales de los operativos administrativos.
El trasfondo político
Para la diputada Sánchez Barrios, el despliegue tenía dedicatoria.
“Ella quería confrontar. La gente quería trabajar con reglas. Su equipo violenta, insulta y agrede. Incluso los llamaron criminales”, afirmó, al tiempo que ofreció facilitar canales de negociación.
Desde esta óptica, el operativo buscaría responder a señalamientos previos sobre presuntas irregularidades en procesos de contratación pública y, al mismo tiempo, avanzar en una estrategia de transformación urbana que —acusan— desplaza a los sectores populares.
Redes estallan
Las imágenes del ingreso a oficinas privadas y los testimonios de personas heridas detonaron reacciones inmediatas. Activistas, colectivos y usuarios exigieron claridad: ¿hubo orden judicial?, ¿quién autorizó el operativo?, ¿por qué no se privilegió la mediación convocada horas antes?
La discusión apenas comienza, pero el costo político ya está sobre la mesa.