CDMX, 21 abril 2026.- La construcción de la Línea 5 del Cablebús en el poniente de la Ciudad de México avanza entre acusaciones de opacidad, falta de consulta vecinal y riesgos estructurales potenciales en una de las zonas geológicamente más complejas de la capital.
La diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino, acusó que la mayoría legislativa encabezada por MORENA frenó la discusión urgente sobre la transparencia del proyecto y optó por enviarlo a comisiones, retrasando la revisión pública de una obra estimada en casi 8 mil millones de pesos.
El trazo contempla más de 15 kilómetros, 114 torres y 12 estaciones, lo que convertiría la Línea 5 en el teleférico urbano más largo del mundo. Sin embargo, vecinos de Tetelpan y Colinas del Sur denuncian que la obra se impulsa sin acceso completo a estudios técnicos fundamentales.
Entre las principales preocupaciones destaca la ausencia pública de estudios de mecánica de suelos y geotecnia en zonas cercanas a la estación Glaciar, ubicadas en un corredor con antecedentes de inestabilidad por su cercanía con el cauce del Río Mixcoac y zonas de alto valor ambiental.
Montes de Oca advirtió que la planeación urbana no puede convertirse en un trámite unilateral disfrazado de política de movilidad.
“Un proyecto de esta magnitud no puede imponerse sin transparencia ni participación informada”, sostuvo la legisladora.
Además, vecinos ya promovieron juicios de amparo ante la falta de información ambiental completa, particularmente sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento obligatorio para evaluar riesgos ecológicos y urbanos.
Especialistas urbanos advierten que cuando obras de infraestructura mayor se ejecutan sin socialización técnica previa, aumentan los conflictos territoriales, los riesgos legales y los costos públicos posteriores.
La polémica crece porque el proyecto impacta una franja ambiental estratégica del poniente capitalino, donde históricamente la expansión urbana ha generado tensiones entre movilidad, conservación ecológica y seguridad estructural.
El conflicto ya no es solo técnico: es político, jurídico y social.
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