CDMX, octubre 2020.- A través de los años, se ha buscado inhibir la proliferación de personas que apartan lugares en las calles, mejor conocidos como ‘traperos’, pero nadie se ha atrevido por las innumerables consecuencias que pudiera traer, como otorgar trabajo a esas personas, entre otros.

Este jueves, el diputado de Morena en el Congreso local, Nazario Norberto Sánchez propuso aplicar un castigo de 36 horas de trabajo en favor de la comunidad a quienes bloqueen con diversos objetos el estacionamiento de vehículos en la vía pública. Dicha labor consistirá en el retiro permanente de los bienes muebles que hayan sido colocados, instalados, arrojados o abandonados, así como coadyuvar en la eliminación de otros dentro de la demarcación territorial en la que se encuentre la persona infractora.

Nazario Norberto indicó que adicionalmente se propone “facultar a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para promover el marco normativo de la Cultura cívica, con el propósito de que la población pueda ampliamente conocer las disposiciones que rigen la buena y sana convivencia entre particulares, con ello, se podrá coadyuvar en la recuperación de los valores cívicos y éticos de la ciudadanía, lo anterior reformando una fracción XII al artículo 29 de la Ley del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública”.

Justificó la iniciativa por la recuperación de los espacios públicos, porque lamentablemente hoy en la Ciudad de México algunas personas apartan espacios de la vía pública, principalmente para estacionar sus vehículos o simplemente porque no desean que obstruyan su frente.

Delimitó que este problema no es nuevo ya que tiene muchos años esta práctica a través del uso de botes, postes, palos, llantas, tabiques y hasta personas que se dedican a apartar lugares. “Además últimamente hay personas que instalan tubos con cemento en las banquetas frente a sus inmuebles y con candados, de igual forma para apartar lugares frente a su domicilio.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.