Por NOTICIASCD.MX
Ciudad de México, 24 marzo 2026.– El comercio en vía pública dejó de ser invisible y ahora busca blindarse en la Constitución. Desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, la diputada Diana Sánchez Barrios lanzó una propuesta que sacude el debate urbano: reconocer plenamente a quienes trabajan en las calles como sujetos de derechos y no como problema social.
Con una cifra contundente, la legisladora puso el tema en el centro: más del 55% de la población ocupada en México vive en la informalidad, y alrededor de 30 millones dependen del espacio público para subsistir. En la capital, la cifra alcanza a cientos de miles de comerciantes que sostienen a casi dos millones de personas.
Pero el argumento más explosivo fue otro: el comercio popular no solo es economía, también es contención social. “Sin este comercio, la ciudad sería más cara, más desigual y excluyente… detiene la gentrificación”, sostuvo.
La iniciativa plantea reformar los artículos 10, 12 y 13 de la Constitución capitalina para otorgar certeza jurídica, reglas claras y reconocimiento formal a esta actividad que hoy aporta cerca del 22% del PIB nacional.
Lejos de romantizar la informalidad, Sánchez Barrios denunció el abandono estructural: más del 70% de los comerciantes carece de seguridad social y el 80% no tiene acceso a servicios de salud, pese a sostener la economía urbana desde condiciones precarias.
El mensaje político fue directo: ordenar la ciudad no puede significar expulsar a quienes sobreviven en ella. “Negar el derecho al espacio público no es orden, es desigualdad”, sentenció.
En medio del fenómeno de encarecimiento urbano y desplazamiento social, la propuesta abre una discusión incómoda: ¿regular para incluir o limpiar la ciudad a costa de los más vulnerables?