- Aprueban reducción de 48 a 40 horas en CDMX; unanimidad sin autocrítica
Ciudad de México, 26 de febrero de 2026.– Sin debate de fondo, sin reservas y sin una sola voz en contra, el Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la minuta que reforma el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir, de manera gradual, la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
Cincuenta y nueve votos a favor. Cero en contra. Cero abstenciones. Un consenso que luce histórico… y políticamente cómodo.
La reforma promete bienestar, salud y calidad de vida para millones de trabajadores. También garantiza, en el texto, que no habrá reducción de salarios ni prestaciones; mantiene un día de descanso por cada seis laborados y fija un máximo de 12 horas extra semanales con pago adicional del 100% o 200%. Todo impecable en el papel.
El problema es que México no ha fallado en redactar derechos laborales; ha fallado en hacerlos cumplir.
La brecha entre la Constitución y la realidad
México es uno de los países donde más horas se trabajan al año, pero también uno de los que arrastra altos niveles de informalidad, simulación de contratos y abusos en horas extra. En miles de centros laborales la jornada real supera con creces lo que dicta la ley, mientras la inspección es limitada y las sanciones rara vez son ejemplares.
Reducir la jornada a 40 horas sin fortalecer la vigilancia laboral puede convertirse en un triunfo discursivo y un fracaso operativo. ¿Habrá más inspectores? ¿Se endurecerán sanciones? ¿Se blindará a los trabajadores que denuncien abusos? Nada de eso quedó claro en tribuna.
Aplausos generalizados, responsabilidades difusas
Morena defendió la reforma como una conquista histórica y una señal de que la transformación pone al trabajador en el centro. El PAN votó a favor, aunque advirtió que la implementación debe ser responsable y considerar a las micro, pequeñas y medianas empresas. PRI, PRD, PT, PVEM y MC respaldaron el dictamen con distintos matices, pero sin romper la unanimidad.
La escena política fue impecable: todos del lado correcto de la historia. Pero cuando todos celebran, alguien debería preguntar quién asume el costo y quién vigilará el cumplimiento.
¿Justicia social o riesgo de simulación?
Reducir la jornada laboral es una demanda histórica del movimiento obrero y un paso alineado con estándares internacionales. Nadie discute el objetivo: más tiempo para vivir, menos desgaste físico y mental. La duda es si el Estado mexicano está listo para sostenerlo.
En un país donde millones laboran en la informalidad y donde las pymes operan con márgenes estrechos, la transición exigirá planeación, incentivos y supervisión real. De lo contrario, podría crecer el empleo informal, multiplicarse los “acuerdos” fuera de nómina o normalizarse la extensión encubierta de jornadas.
El reto real comienza ahora
El Congreso de la CDMX cumplió con su papel en el Constituyente Permanente. Lo hizo con rapidez y unanimidad. Pero la reforma de las 40 horas no se medirá por el número de votos, sino por lo que ocurra en fábricas, oficinas, comercios y call centers.
Si en los próximos años la jornada efectiva sigue siendo de 48 horas —o más—, la reforma quedará como otro derecho bien intencionado atrapado en el texto constitucional.
La reducción a 40 horas puede ser un parteaguas laboral. O puede convertirse en la próxima promesa que el sistema no supo —o no quiso— garantizar.