Congreso CDMX aprueba modificaciones a Ley de Bebé Seguro

El orgáno legislativo continua trabajando en el proceso de adecuación a la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México que deberá concluir a más tardar el 31 de agosto de 2024

El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para reformar diversas disposiciones de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México, con el fin de homologar el marco jurídico vigente de conformidad con la Reforma Política de la capital del país, y así evitar una interpretación errónea de la ley.
En la iniciativa, el diputado promovente Fausto Manuel Zamorano Esparza (PRI) argumentó que, desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, delegados, y otros términos que se usaban en el marco legal del Distrito Federal, antes de que gozara de autonomía.

Ante este escenario, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, presidida por la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD), decidió avalar la propuesta y añadir algunos cambios. De esta manera, se reforman los artículos 6 fracción XIII y 23 de dicho ordenamiento y se cambia la referencia de “delegaciones” por “alcaldías”.

El dictamen establece que sólo se realiza una modificación en el caso de la propuesta de reforma al artículo 22 para precisar que se trata de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en armonía con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Asimismo, la dictaminadora propuso modificar en la fracción III del artículo 2, a fin de homogeneizar y tener un lenguaje incluyente, cambiando la referencia de “padres” por “madres y padres”, en relación a los sujetos obligados a la vigilancia bajo la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México; y en la fracción IV cambiar ciudadanos por ciudadanía.

De esta forma, el Congreso local continúa adecuando la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a la Constitución Política de la Ciudad de México, que deberá concluir a más tardar el 31 de agosto de 2024.