Por NOTICIASCD.MX
Ciudad de México, 29 de mayo de 2026. Con mayoría calificada y en medio de un intenso debate, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma constitucional que aplaza de 2027 a 2028 la elección de integrantes del Poder Judicial, una decisión que desató acusaciones de concentración de poder y debilitamiento de los contrapesos democráticos.
La minuta enviada por el Senado de la República fue avalada con 44 votos a favor y 18 en contra, permitiendo avanzar en la modificación de diversos artículos de la Constitución federal relacionados con la elección de jueces, magistrados y ministros.
Mientras Morena y sus aliados defendieron la reforma como una medida para perfeccionar el proceso electoral judicial y garantizar mejores condiciones organizativas, la oposición denunció que se trata de una nueva maniobra para ampliar la influencia política sobre uno de los últimos poderes autónomos del Estado.
Desde la tribuna, legisladores del PAN calificaron la reforma como una admisión de que la implementación original fue improvisada y carente de planeación. Afirmaron que, tras casi dos años de cuestionamientos, el oficialismo reconoce implícitamente las fallas de un modelo que aún genera incertidumbre jurídica y operativa.
La coordinadora morenista, Xóchitl Bravo Espinosa, sostuvo que la ciudadanía respalda la transformación judicial y aseguró que existe apoyo social para continuar con los cambios. En contraste, la oposición advirtió que el aplazamiento confirma que el proceso no estaba listo para ejecutarse en los tiempos originalmente establecidos.
El PRI también cuestionó la rapidez con la que se aprobó la reforma y acusó que las modificaciones terminan beneficiando a grupos de poder al interior del sistema judicial, mientras que Movimiento Ciudadano señaló que la crisis de impunidad sigue sin resolverse pese a los cambios constitucionales impulsados por la mayoría oficialista.
Con la aprobación en el Congreso capitalino, la reforma suma un nuevo respaldo en su ruta por los congresos estatales, aunque el debate sobre la independencia judicial y la autonomía de los poderes públicos continúa escalando en todo el país.
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