Por NOTICIASCD.MX
CDMX, 18 marzo 2026.- La muerte de tres trabajadores en San Antonio Abad no detonó en justicia, sino una operación política perfectamente alineada. Bajo la conducción del Secretario de Gobierno, César Cravioto, quien desplegó a su bancada en el Congreso capitalino para contener el escándalo con un exhorto que no castiga a nadie y que funciona como blindaje.
Mientras la indignación crece, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, endureció el discurso en conferencia: aseguró que “la ley no se interpreta a modo” y lanzó acusaciones directas contra la Alcaldía Cuauhtémoc, señalando que la responsabilidad “tiene nombre y apellido”. Sin embargo, el contraste es evidente: el discurso es incendiario, pero la acción legislativa es tibia.
Morena habla de pruebas, de documentos que nunca llegaron, de registros hechos después de la tragedia y de irregularidades en permisos de demolición. Incluso acusa que la alcaldía intentó justificar con trámites que “no tienen absolutamente nada que ver” con la obra colapsada. Pero, pese a la gravedad de lo que denuncian, la respuesta institucional se limita a pedir informes y dar vista a autoridades.
Es decir: denuncian un posible encubrimiento… pero responden con burocracia.
La estrategia es clara: lanzar presión mediática mientras se evita una acción de fondo. El llamado a Contraloría y Fiscalía suena contundente en papel, pero en la práctica es el camino más largo, más lento y más conveniente para enfriar el caso.
Porque mientras Morena promete que “nadie puede esconderse de la omisión”, en los hechos construye una salida política donde todos ganan tiempo. Un ejército de diputados repitiendo el guion, una tragedia convertida en narrativa y tres muertes que siguen sin justicia inmediata.
Mientras tanto, la mayoría morenista en el Congreso capitalino aprobó un exhorto para que se castigue a los responsables -acusando directamente a la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo-, “tope hasta donde tope”.