• En lugar de redignificar los derechos de la niñez, dejan a los menores sin protección y susceptibles a la revictimización debido a omisiones e intereses

La mala aplicación de protocolos de actuación en las diligencias donde intervienen niñas, niños y adolescentes por parte de los psicólogos del área de Intervención y Terapias de la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para Apoyo Judicial (DEIPAJ) del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), dejan en total indefensión a los menores y evidencia la negligencia de sus funcionarios.

Así lo denunció Miguel Ángel Plata Mejía, fundador y presidente de la organización civil MAAS Infancia Feliz, al señalar que también son evidentes las interpretaciones distorsionadas de los especialistas de esta área con los infantes, al omitir documentar en audio y video al testigo de las diligencias dentro de la Cámara Gesell, lo que los deja en un premeditado desamparo.

“Estos resultados sesgados no permiten ser revisados por un colegio de expertos y psicólogos, con el pretexto de que no se documenta por temas de privacidad, lo que deja a su interpretación unilateral y en varias ocasiones con una conclusión ajena a la protección de la niñez”, dijo.

Como ejemplo acreditó el caso de dos menores de edad, que se encuentra visible en el expediente 560/2017 del Juzgado Trigésimo Quinto Familiar de la Ciudad de México, quienes quedaron en una situación que vulnera todos sus derechos ante la manipulación parental sistemática que rompe el vínculo paterno filial y que los psicólogos de esta área pretenden omitir.

Plata Mejía indicó que aunado a estas irregularidades, dicha dirección a cargo de Mariana Ortiz Castañares, hija del titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, permite que uno de sus subdirectores, Rubén Jorge Salazar Ojeda, firme documentos oficiales con un título de maestría, el cual no está acreditado en el Registro Nacional de Profesionistas.

Al respecto, el especialista en derecho penal e integrante de MAAS Infancia Feliz, Ramón Ramos Becerril, evidenció que Salazar Ojeda se encuentra detrás de las graves omisiones en la intervención psicológica de infantes que se encuentran en procesos judiciales de guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias y otros procesos.

Como especialista en la materia enfatizó que este funcionario podría incurrir en el delito de usurpación de funciones al firmar documentos oficiales con un título de Maestro en Psicología, que no avala la Secretaría de Educación Pública.

“El delito de usurpación de funciones se encuentra en el artículo 276 del Código de Procedimientos Penales vigente para la Ciudad de México y contempla de 1 a 6 años de prisión y de 100 a 500 días de multa”, subrayó.
El presidente de MAAS Infancia Feliz consideró que el subdirector de Intervención Psicológica y Terapias de la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para Apoyo Judicial del Poder Judicial de la CDMX, Salazar Ojeda, promueve la desinformación con sus subordinados en materia de interferencia, manipulación sistemática y/o alienación parental.

“Esto incluye fundamentarse en la publicación de libros y artículos con fraude científico de los cuales hace más de un año ha sido informada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que redundan en la violación sistemática a los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes a convivir con toda su familia”, insistió.

Resaltó en la función de la DEIPAJ, misma que abre un espacio para preguntarse cómo afecta a la sociedad que el nepotismo e influyentismo persistan dentro de las esferas de la justicia y cuál es su impacto en la desprotegida niñez mexicana.

Alertó que los niños, niñas y jóvenes capitalinos que llegan a la DEIPAJ enfrentan una serie de omisiones por parte de los especialistas en intervención psicológica y terapias, y los adultos también son susceptibles a las malas prácticas de los psicólogos de esta área, que sugieren acabar con las convivencias filio parentales sin importarles que antes que todo es derecho de la niñez convivir con ambos progenitores.

“Sugerir cancelarlas de forma unilateral, sin contexto y omitiendo la manipulación es un atentado y violación flagrante al derecho al libre desarrollo de la personalidad de las niñas, los niños y adolescentes, lo cual amenaza el interés supremo de la niñez”, acentuó.

Sin embargo, el activista reconoció el avance de otros psicólogos que operan con ética en el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) e informan sobre la interferencia parental a pesar del contraste ideológico que existe en la subdirección a cargo de Salazar Ojeda. Además refirió lo positivo del avance de la tecnología que ha permito una evolución a la digitalización de expedientes en el Poder Judicial a cargo de esta administración.

Confió en que se plantee una reestructura interna en la Dirección de Intervención Psicológica y Terapias porque el papel de la psicología en la impartición de justicia no es asertivo en los casos donde existe manipulación parental sistemática y recordó que será un tema que sociedad civil espera que se abordé en las conferencias de los próximos 11 y 12 de noviembre organizadas por la DEIPAJ.

“Desde el tercer sector convocamos a coadyuvar en la evolución del Poder Judicial poniendo foco primordial en materia familiar donde se ven destinado el presente y futuro de nuestra niñez y con ello purgar la dirección de intervención psicológica y la dirección de CECOFAM que pareciera el intestino judicial donde es absorbida y estancada nuestra niñez mexicana por años”, finalizó.