Por NOTICIASCD.MX
Ciudad de México, 27 julio 2026.- El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino encendió las alertas por el incremento de casos de despojo inmobiliario en la Ciudad de México y anunció un acompañamiento directo a las familias afectadas, con especial atención en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, donde se concentra el mayor número de denuncias.
Durante un encuentro con decenas de vecinas y vecinos víctimas de este delito, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, escuchó los testimonios de quienes han perdido o enfrentan riesgos sobre su patrimonio y se comprometió a dar seguimiento puntual a cada expediente.
“La defensa del patrimonio de las familias será una prioridad y ninguna víctima enfrentará sola este proceso”, fue el mensaje central de la reunión, en la que también participaron el diputado Paulo García y el concejal de Benito Juárez, Hugo Torres Zumaya.
Los legisladores explicaron que ya se encuentra vigente la reforma impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que modifica el Código Penal, el Código Civil, la Ley Registral y la Ley del Notariado para cerrar las puertas a las redes dedicadas al despojo de inmuebles.
Reforma endurece castigos contra el despojo
Entre las modificaciones destacan el aumento de penas y multas, la incorporación de nuevas modalidades del delito, como la suplantación de identidad y la simulación de actos jurídicos, así como sanciones más severas cuando las víctimas sean adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres o integrantes de comunidades indígenas.
Además, la legislación establece mecanismos para impedir el registro de escrituras falsas, responsabiliza a notarios que actúen con negligencia o mala fe y permite anular contratos utilizados para encubrir despojos inmobiliarios.
Los diputados señalaron que el objetivo es impedir que grupos criminales aprovechen vacíos legales para apropiarse ilegalmente de viviendas y propiedades.
Morena promete seguimiento permanente
Como resultado del encuentro, Morena acordó revisar de manera individual cada denuncia presentada y mantener comunicación constante con las familias afectadas para acompañar los procesos legales.
Los legisladores afirmaron que esta estrategia busca complementar las acciones emprendidas por el Gobierno de la Ciudad de México para combatir uno de los delitos patrimoniales que mayor preocupación genera entre la población.
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