CDMX, 02 julio 2026.- La diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, exigió a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentar un informe detallado sobre las tomas clandestinas detectadas en la capital, los aseguramientos realizados, el destino del combustible decomisado y el avance de las investigaciones.
La legisladora lanzó el llamado luego del reciente hallazgo de un ducto clandestino en la alcaldía Azcapotzalco, caso por el que cuatro personas fueron procesadas por su presunta participación en el robo de diésel.
Álvarez Soto sostuvo que el fenómeno del huachicol ya no es exclusivo de otras entidades y advirtió que este tipo de operaciones criminales comienza a consolidarse también en la Ciudad de México.
“No solo es informar qué sucede con estos espacios o los responsables que indudablemente deben ir a la cárcel, sino también indagar cómo las células criminales saben las rutas de ductos”, declaró.
La panista afirmó que resulta indispensable investigar posibles filtraciones de información estratégica desde el interior de Pemex y de otras dependencias relacionadas con la infraestructura energética y la protección civil.
Asimismo, pidió identificar a los grupos delictivos que operan detrás del robo de combustible en la capital y, en caso de existir responsabilidades, sancionar a funcionarios que hayan proporcionado información a organizaciones criminales.
Durante sus declaraciones, la diputada también cuestionó el manejo del combate al huachicol a nivel nacional y expresó señalamientos políticos sobre presuntos vínculos con casos relacionados con el sector petrolero, los cuales deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
Laura Álvarez recordó que la extracción ilegal de combustible constituye un delito federal, por lo que consideró necesario endurecer las sanciones y fortalecer la coordinación entre autoridades federales y locales.
Finalmente, propuso crear brigadas especializadas para detectar perforaciones ilegales en la red de ductos de Pemex, prevenir nuevas tomas clandestinas y proteger a las familias que viven cerca de inmuebles utilizados para estas actividades ilícitas, ante el riesgo de explosiones y accidentes.
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