Por NOTICIASCD.MX
Ciudad de México, 5 de abril de 2026. — El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, salió a contener el golpe internacional tras el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, pero lo hizo con una narrativa que evade el fondo de la crisis: la desaparición de miles de personas en el país.
En un posicionamiento oficial, la administración capitalina respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum y descalificó el informe internacional al asegurar que está basado en hechos “del pasado” (2009–2017), ignorando —según el propio documento— los cambios implementados desde 2019.
Sin embargo, el argumento ha sido duramente cuestionado por especialistas y colectivos, quienes sostienen que la crisis de desapariciones en México no solo persiste, sino que se ha agravado en los últimos años.
El gobierno local presume acciones como reformas legales, plataformas de identidad y aumento presupuestal; no obstante, evita responder a la pregunta central: ¿por qué siguen desapareciendo personas en México sin resultados contundentes?
Además, el posicionamiento oficial lanza una acusación polémica al señalar que las críticas internacionales responden a “intereses injerencistas”, una postura que ha encendido alarmas por intentar desacreditar organismos internacionales en lugar de asumir responsabilidades.
El documento también insiste en que el Estado mexicano “no reprime ni desaparece”, una afirmación que contrasta con denuncias constantes de colectivos de víctimas que señalan omisiones, negligencia y falta de resultados en las investigaciones.
Mientras tanto, miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos sin respuestas claras. Para ellas, los discursos oficiales no son suficientes.
La realidad es contundente: más allá de posicionamientos políticos, la crisis de desapariciones sigue siendo una herida abierta que ningún gobierno ha logrado cerrar.