Por NOTICIASCD.MX
Azcapotzalco, Ciudad de México, 26 de febrero de 2026. — No fue un incidente aislado ni un “malentendido operativo”. Fue un acto de fuerza que exhibe el rostro más autoritario del poder local. Esta semana, durante un operativo de supuesto “rescate del espacio público”, ordenado por la alcaldesa en Azcapotzalco, Nancy Núñez, vecinos fueron agredidos y amedrentados por golpeadores vinculados al entorno de la titular de la demarcación.
Los videos que circularon muestran forcejeos directos contra ciudadanos que exigían diálogo y claridad. No hay rastro de protocolos de contención ni de mediación efectiva. Lo que sí hay son testimonios de mujeres y adultos mayores empujados, gritos, tensión y un operativo que escaló hasta convertirse en confrontación abierta.
Horas después, la alcaldía emitió un comunicado en el que “rechaza categóricamente cualquier tipo de violencia” y promete acciones administrativas y legales si algún servidor público incumplió la norma. También asegura haber mantenido contacto con vecinos para reparar daños. El problema es que la violencia ya ocurrió y quedó documentada. La disculpa institucional suena más a control de daños que a convicción democrática.
Este no es un hecho menor. Es la confirmación de un estilo de gobierno que, frente al conflicto social, responde con imposición. Si los agresores eran servidores públicos, la responsabilidad es directa. Si eran operadores políticos, la gravedad es mayor: significaría el uso de estructuras partidistas para intimidar a la propia comunidad.
El discurso de cercanía y diálogo que promueve Nancy Núñez se desmorona ante la evidencia. En lugar de privilegiar acuerdos, el operativo derivó en golpes. En lugar de transparencia, un boletín defensivo. En lugar de asumir responsabilidades claras, promesas genéricas de investigación.
La pregunta no es si habrá “acciones administrativas”. La pregunta es quién ordenó el despliegue, quién permitió que presuntos golpeadores actuaran contra vecinos y si habrá consecuencias políticas reales. Porque cuando un gobierno que se dice transformador termina golpeando a su gente, el problema no es operativo: es de fondo.