Ciudad de México, a 13 de julio 2020 (PERIODISMOENACCION.COM / NOTICIASCD.MX).- Diputados locales y especialistas discutieron la ley que propone a los propietarios de un inmueble a contribuir al ‘derecho social’ de la vivienda, por lo que concluyeron que las personas en situación de abandono no sean desalojadas, sin fomentar una política de morosidad o no pago, además de que se quiere garantizar y salvaguardar la protección de la propiedad privada.

El diputado de Morena, Eduardo Santillán recordó que la iniciativa es un documento que tiene su origen en la sociedad civil, y abre la oportunidad de replantear la política pública en materia de arrendamiento en sus diversos ámbitos.

“Es necesario diseñar un marco jurídico que deberá ser constitucional, que respete la propiedad privada, donde haya mayor intervención del Gobierno de la Ciudad, pero no en una visión intervencionista, sino en función del acompañamiento y fortalecimiento a sectores estratégicos de la economía y en el ámbito social”, aseguró.

Al respecto, Sergio González, representante de la Asociación Vecinal 06600, aseguró que el abuso inmobiliario y la especulación del suelo urbano los condujo a presentar la propuesta de iniciativa que fue elaborada en conjunto con académicos, organizaciones civiles y la ciudadanía, y que fue acogida por las diputadas de MORENA, Martha Ávila Ventura y Valentina Batres Guadarrama.

ACADEMIA Y PROFESIONALES INMOBILIARIOS PARTICIPAN EN EL FORO

El profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Flavio Galván Rivera, expuso una serie de requisitos que deberá cubrir la nueva legislación en la materia. Indicó que tiene que resolver la necesidad de contar con una normativa especial para la vivienda de interés social.

María José Fernández, presidenta de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, señaló que los organismos empresariales que representa no se oponen a la revisión de las normas que regulan el arrendamiento.

Salvador Sacal Cababie, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de la Ciudad de México, aseguró que las medidas propuestas son “en favor de los arrendatarios (inquilinos) y en contra de los arrendadores”.  Agregó que la actual crisis
económica que se vive en la capital, a raíz de la pandemia y que no es privativa del país, “ha ocasionado atrasos en alquileres e hipotecas, pero en ningún momento han representado amenaza alguna de desalojo, por lo que las medidas inmediatas que se pretenden tomar para garantizar el derecho a la vivienda son excesivas e ilegales, porque los tres conceptos en los que se basa la propuesta tienen carácter de garantías irrenunciables, pero tienen un límite en cuanto a su interpretación y aplicación”.