Por NOTICIASCD.MX
- Acusa desvío de recursos y favoritismo hacia proveedor ligado a contratos de pintura urbana
CDMX, 03 junio 2026.- La confrontación política en la Ciudad de México escaló luego de que el PAN capitalino presentara una denuncia formal contra la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, por presunto desvío de recursos públicos relacionados con contratos para intervenciones urbanas con imágenes de ajolotes y colores distintivos en vialidades de la capital.
La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña, acompañada por los diputados Federico Döring y Mario Sánchez, acusó la existencia de un patrón de adjudicaciones directas a la empresa “Impacto en Imagen y Color S. de R.L. de C.V.”, firma que, según la denuncia, ha recibido decenas de contratos desde que Brugada encabezaba la alcaldía Iztapalapa.
De acuerdo con los panistas, la empresa habría acumulado 54 contratos por más de 137 millones de pesos durante las administraciones de Brugada en Iztapalapa y posteriormente habría mantenido una relación contractual con diversas dependencias del Gobierno capitalino.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es que la compañía habría sido contratada para actividades de naturaleza muy distinta entre sí, desde materiales de pintura hasta vestuario y calzado operativo, situación que, según el PAN, podría evidenciar un esquema de “proveedor universal” contrario al principio de especialización técnica exigido por la ley.
La oposición también cuestionó contratos por 4 y 11 millones de pesos destinados a la aplicación de pintura en puentes y vialidades con imágenes de ajolotes, una intervención urbana que generó debate público durante los últimos meses.
Además, el PAN señaló que la misma empresa aparece en los reportes de fiscalización de campaña de Clara Brugada ante el INE con aportaciones por un millón 941 mil pesos, un dato que los legisladores consideran relevante para la investigación solicitada ante la Contraloría.
La denuncia busca que las autoridades determinen si existieron irregularidades administrativas, conflictos de interés o un posible uso indebido de recursos públicos en la asignación de contratos.
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