Por NOTICIASCD.MX
- Patrimonio Seguro pasa del discurso a la iniciativa apenas 48 horas después de su anuncio. El PAN busca cerrar vacíos en leyes civiles, fiscales y notariales que, según el planteamiento, pueden ser aprovechados para despojar a familias de sus inmuebles.
CDMX, 12 agosto 2026.- Diputados panistas decidieron no dejar “Patrimonio Seguro” en el terreno del discurso político. Apenas dos días después de anunciar la estrategia contra el despojo, el diputado local Mario Enrique Sánchez Flores presentó ante el Congreso de la Ciudad de México la primera iniciativa que pretende convertir el anuncio panista en una ruta legislativa.
La propuesta modifica cuatro ordenamientos: el Código Civil, el Código Fiscal, la Ley del Notariado y la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios.
El planteamiento parte de un problema que lleva años generando expedientes, litigios y conflictos patrimoniales: que una ocupación presuntamente irregular pueda terminar adquiriendo apariencia de legalidad mediante documentos, registros fiscales, operaciones notariales o el simple paso del tiempo.
“Patrimonio Seguro no será una campaña ni una conferencia de prensa”, sostuvo Sánchez Flores, quien aseguró que la intención es revisar de manera progresiva los huecos legales que puedan ser utilizados por quienes pretenden apropiarse de inmuebles ajenos.
Cuatro frentes contra el despojo
La primera reforma plantea modificar el Código Civil para impedir que una posesión que tenga como origen despojo, violencia, fraude, simulación, suplantación de identidad, ocupación clandestina o documentos falsos pueda convertirse en propiedad únicamente por el paso del tiempo.
En materia fiscal, el PAN propone dejar explícito que pagar el predial, aparecer en una cuenta catastral o contar con una constancia fiscal no acredita por sí mismo la propiedad de un inmueble ni sustituye una escritura.
El tercer frente apunta al Notariado capitalino. La iniciativa plantea una diligencia reforzada cuando existan señales objetivas de riesgo, incluyendo verificación de identidad, poderes, documentación, antecedentes registrales y trazabilidad de pagos.
Finalmente, busca aumentar las obligaciones de inmobiliarias y profesionales del sector para documentar y verificar las operaciones en las que participen.
El discurso panista intenta colocar así la discusión en un terreno preventivo: no solamente castigar el despojo cuando ya ocurrió, sino dificultar que una operación irregular pueda avanzar hasta convertirse en un problema patrimonial mucho más difícil de revertir.
El dato que mete presión al Congreso
Sánchez Flores citó 25 mil 18 carpetas de investigación por despojo entre enero de 2020 y abril de 2026 y recordó que el propio Congreso capitalino informó en 2025 que apenas alrededor de 1 por ciento de más de 21 mil carpetas había sido judicializado.
Ese dato —si se mantiene bajo los parámetros señalados por el legislador— coloca el problema más allá de una disputa entre partidos: obliga a revisar qué ocurre entre la denuncia, la investigación y la recuperación efectiva de los inmuebles.
El reto político para el PAN será ahora convertir el anuncio en votos y dictámenes. Porque presentar una iniciativa es apenas el primer paso: Patrimonio Seguro tendrá que sobrevivir al debate legislativo, las negociaciones partidistas y, sobre todo, demostrar que sus candados funcionan en la práctica.
Por ahora, Mario Sánchez ya puso la primera pieza sobre la mesa. El resto dependerá de si el Congreso capitalino decide cerrar esas puertas o dejarlas abiertas.
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