Por NOTICIASCD.MX
- Olivia Garza propone castigar desde la tentativa y evitar que las autoridades tengan que esperar a que una familia pierda su inmueble para perseguir el delito.
Ciudad de México, 26 de agosto de 2026. El PAN busca cerrar una de las puertas que, asegura, siguen abiertas para quienes intentan apoderarse ilegalmente de casas, departamentos o terrenos en la Ciudad de México: que el despojo sea detenido antes de consumarse y los responsables enfrenten consecuencias menores.
La diputada local Olivia Garza presentó una iniciativa para incorporar expresamente la tentativa de despojo al Código Penal de la CDMX, de manera que puedan perseguirse los actos encaminados directamente a apropiarse de un inmueble, aunque vecinos, policías o los propios habitantes logren impedir la ocupación.
La propuesta llega en momentos en que el despojo se ha colocado entre los problemas patrimoniales que más preocupan en la capital. De acuerdo con los datos citados por la legisladora, entre enero de 2020 y abril de 2026 fueron abiertas 25 mil 018 carpetas de investigación por este delito, frente a únicamente 463 personas detenidas durante ese periodo.
La diferencia entre ambas cifras es uno de los argumentos utilizados por Garza para sostener que no basta con aumentar sanciones una vez que una propiedad ya fue arrebatada.
“Hoy tenemos una contradicción: si logramos detener un despojo antes de que se consume, quien intentó cometerlo puede terminar enfrentando consecuencias mucho menores precisamente porque no consiguió apoderarse del inmueble”, señaló.
El vacío que quiere cerrar el PAN
Actualmente, el Código Penal capitalino contempla reglas generales para castigar la tentativa de un delito. Sin embargo, Garza sostiene que en los casos de despojo esto resulta insuficiente en la práctica.
Cuando una ocupación ilegal es frenada antes de concretarse, explicó, los hechos pueden terminar reclasificados como allanamiento, daño a la propiedad u otros delitos. Incluso, afirmó, hay víctimas que encuentran obstáculos para presentar una denuncia debido a que formalmente todavía no fueron despojadas del inmueble.
La reforma plantea crear el artículo 237 Bis, que permitiría sancionar a quien realice actos de ejecución “idóneos e inequívocamente dirigidos” a ocupar un inmueble ajeno, utilizarlo o impedir que su legítimo ocupante pueda disfrutarlo, siempre que el despojo no se concrete por causas ajenas a la voluntad del presunto responsable.
“No queremos que la autoridad espere a que una familia pierda su casa para poder actuar. Si existen actos claros e inequívocos para consumar un despojo, el Estado debe contar con herramientas para detenerlo y perseguirlo”, afirmó Garza.
No incluiría pleitos civiles
La diputada aclaró que la iniciativa busca evitar que cualquier conflicto inmobiliario termine convertido automáticamente en un asunto penal.
El Ministerio Público tendría que demostrar que existieron acciones concretas e inequívocas encaminadas al despojo, mientras que quedarían fuera los actos realizados para cumplir resoluciones judiciales o administrativas.
El planteamiento abre así un nuevo frente en la discusión legislativa sobre cómo combatir el despojo en la capital: ya no solamente recuperar propiedades o castigar cuando fueron ocupadas, sino intervenir penalmente antes de que el inmueble termine en manos de los presuntos despojadores.
Garza también presentó una iniciativa para llevar el problema al ámbito federal cuando existan indicios de participación de la delincuencia organizada, con la intención de que autoridades federales puedan investigar aquellos casos que presenten características de estructuras criminales y no únicamente de personas actuando de manera aislada.
Para el PAN, el mensaje es que detener a tiempo una invasión no debería convertirse paradójicamente en una ventaja para quien presuntamente intentó quedarse con una propiedad.
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