Por NOTICIASCD.MX
CDMX, 12 febrero 2026.- La supuesta denuncia ciudadana escaló al Congreso de la Ciudad de México. Legisladores exigieron al alcalde Mauricio Tabe cancelar el espectáculo “Alicia en el País de las Maravillas” instalado en el Parque Lira, o por lo menos garantizar acceso libre a la comunidad y transparentar cada peso del convenio.
La discusión prendió con una consigna que sintetiza el enojo ciudadano: “La Miguel Hidalgo es alcaldía, no alcancía”. Vecinas y vecinos presentes en el pleno reclamaron que, mientras durante años denunciaron abandono, luminarias inservibles y deterioro, la respuesta llegó sólo cuando apareció un evento con boletaje de alto costo.
La diputada Cecilia Vadillo denunció sin rodeos: convertir un parque protegido en sede de un negocio privado contradice el carácter público del espacio y las obligaciones legales de preservarlo. Recordó que el lugar tiene valor patrimonial y que la autoridad debe garantizar su uso comunitario, no restringirlo.
“Para la comunidad no había recursos. Para el negocio, sí”, acusó, al subrayar que la alcaldía mantiene un subejercicio cercano a los 200 millones de pesos que pudo destinarse a una rehabilitación real sin entregar el control a particulares.
Desde tribuna, el diputado Víctor Hugo Romo remató: Parque Lira no es un salón de fiestas ni un venue. Señaló que los propios funcionarios han admitido que trámites y permisos siguen en proceso, por lo que cuestionó que primero se ocupe el espacio y después se revise la legalidad.
El tamaño del negocio fue otro detonante. Se habla de cientos de miles de asistentes y ganancias millonarias, frente a una aportación marginal para el parque. “No es cultura, es opacidad”, insistieron.
El exhorto legislativo pide la intervención de autoridades supervisoras para verificar contratos, autorizaciones y posibles irregularidades. El mensaje es contundente: si hay papeles en regla, que se muestren; si no, que se suspenda.
La polémica golpea directo a la administración panista en Miguel Hidalgo, donde crece la percepción de que el espacio público se vuelve exclusivo mientras la ciudadanía contempla la decisión del alcalde.
La presión aumenta y el conflicto está lejos de apagarse. Porque detrás del montaje, la pregunta que resuena es simple: ¿rescate urbano o negocio para unos cuantos?