Por NOTICIASCD.MX
- La diputada del Verde encabezó la clausura del Parlamento de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 2026, donde se presentaron 10 iniciativas y 15 Puntos de Acuerdo
CDMX, 13 agosto 2026.- La voz de los pueblos originarios llegó a la tribuna del Congreso de la Ciudad de México y, de acuerdo con la diputada del Partido Verde, Paulina Pérez Córdova, el reto ahora es que esa voz se transforme en políticas públicas y derechos concretos.
Al participar en la clausura del “Parlamento de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 2026”, la presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Comunidades Afromexicanas sostuvo que las comunidades indígenas ya no pueden ser consideradas espectadoras de la vida pública.
“Los pueblos, barrios y comunidades indígenas no son ni serán nunca más espectadores de la vida pública”, afirmó Pérez Córdova durante la Sesión Plenaria de Clausura, realizada este jueves en el Recinto Legislativo de Donceles.
Durante cuatro días de actividades, los parlamentarios colocaron sobre la mesa una amplia agenda relacionada con territorio, vivienda, patrimonio cultural, medicina tradicional, partería, fiestas tradicionales y libre determinación, entre otros temas.
El ejercicio concluyó con la presentación de 10 iniciativas y 15 Puntos de Acuerdo, propuestas que ahora, aseguró Pérez Córdova, serán canalizadas a las instancias correspondientes para valorar su incorporación a las políticas públicas de la capital.
La legisladora del Verde planteó que el Parlamento no debe quedarse como un acto simbólico o como un encuentro de unos cuantos días.
Su apuesta, dijo, es construir una ruta en la que la participación de los pueblos tenga consecuencias concretas: que “la palabra de los pueblos se convierta en agenda; donde la agenda se convierta en decisión, y donde las decisiones se conviertan en derechos”.
Territorio, vivienda y medicina tradicional, entre las prioridades
Las iniciativas presentadas abordaron asuntos como la continuidad territorial de programas sociales, restauración de territorios, panteones comunitarios, vivienda para pueblos originarios, fiestas tradicionales y representación en los concejos de las alcaldías.
También se planteó la creación de direcciones especializadas en las demarcaciones, así como propuestas relacionadas con la partería y las autoridades representativas de los pueblos indígenas.
En los Puntos de Acuerdo se incluyeron medidas para salvaguardar la partería y la medicina tradicional, preservar saberes lacustres, actualizar el directorio de medicina tradicional, herbolaria y temazcales, además de promover el juego de pelota en las escuelas.
La agenda también contempló la protección de los territorios ante obras públicas y desarrollos inmobiliarios, restauración socioambiental, turismo, comercialización de artesanías, atención intercultural a víctimas de delitos y mecanismos de seguridad durante festividades.
Para Pérez Córdova, el valor del Parlamento está precisamente en haber reunido distintas voces y formas de entender el territorio y la vida comunitaria.
“Este Parlamento es prueba de ello. Aquí estuvieron presentes distintas voces, distintas historias, distintas formas de entender el territorio y lo comunitario”, señaló.
“Que no sea solamente el recuerdo de unos cuantos días”
La clausura contó con la participación del presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Jesús Sesma Suárez, quien llamó a tomar en cuenta la voz de los pueblos indígenas y barrios originarios en las decisiones públicas.
Entre los principales desafíos mencionó la defensa de los territorios, el acceso al agua, la protección del patrimonio cultural y la preservación de tradiciones y lenguas.
Antes de la sesión solemne se realizó una ceremonia Tlalmanalli en el Lobby del Recinto Legislativo, con una ofrenda dedicada a la Madre Tierra y a los cuatro elementos.
Con el cierre del Parlamento, Pérez Córdova dejó planteado el siguiente desafío: que las propuestas surgidas de este ejercicio no terminen archivadas, sino que puedan convertirse en decisiones legislativas, políticas públicas y derechos efectivos para los pueblos y comunidades originarias de la Ciudad de México.
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