Por NOTICIASCD.MX
Ciudad de México, 19 febrero 2026.— El Plan General de Desarrollo 2025-2045 nació con la promesa de trazar el futuro de la capital durante dos décadas. Pero para la diputada panista Olivia Garza de los Santos el documento es otra cosa: un compendio de buenas intenciones sin prioridades claras, sin candados presupuestales y sin mecanismos reales de evaluación. Un plan que quiere resolverlo todo, al mismo tiempo, sin explicar cómo.
La legisladora desmenuzó el PGD y lanzó diez alertas que, advierte, podrían convertirlo en un texto decorativo más que en una hoja de ruta obligatoria.
Primero: la falta de jerarquización. El Plan pretende fortalecer el sistema de cuidados, enfrentar la crisis hídrica, impulsar movilidad sustentable, reordenar el desarrollo territorial y reducir desigualdades estructurales de manera simultánea. Todo es urgente, pero no todo cabe en el mismo presupuesto. ¿Qué se atiende primero si el dinero no alcanza? ¿Infraestructura de agua o expansión de movilidad eléctrica? El PGD no lo dice. No fija metas para los primeros tres, seis o diez años. No distingue lo estratégico de lo complementario. No establece un orden para decidir en escenarios de restricción financiera.
Segundo: indicadores difusos. El documento habla de “reducir desigualdades territoriales”, “garantizar el derecho a la ciudad” y “fortalecer la cohesión social”, pero no define líneas base medibles, porcentajes concretos ni fechas límite. Tampoco señala dependencias responsables. Si en cinco años se afirma que disminuyó la desigualdad, ¿qué se revisa? ¿Ingreso promedio? ¿Acceso a servicios? ¿Tiempo de traslado? Sin métricas claras, la evaluación queda al criterio político del gobierno en turno.
Tercero: participación ciudadana en el aire. El PGD propone modificar la Ley de Participación Ciudadana y sustituir a los COPACOS por asambleas vecinales más abiertas. Pero no explica cómo se elegirán, qué atribuciones tendrán ni cómo rendirán cuentas. La diputada advierte que eliminar figuras con integrantes electos y reglas definidas podría abrir la puerta a discrecionalidad en el Presupuesto Participativo y desorganización comunitaria.
Cuarto: derechos humanos sin engranaje institucional. Aunque el Plan invoca progresividad, igualdad sustantiva y derecho a la ciudad, no precisa cómo se coordinará con el Sistema Integral de Derechos Humanos ni con el programa específico en la materia. No hay indicadores, instancias evaluadoras ni mecanismos ante incumplimientos. El riesgo: que el enfoque de derechos quede en discurso.
Quinto: fragilidad financiera. El PGD no presenta costeo por eje estratégico ni escenarios financieros. No detalla cuánto costará cada transformación, qué parte será cubierta con recursos locales, federales o inversión privada, ni qué porcentaje del Presupuesto de Egresos deberá alinearse al Plan. En un escenario de recortes, no existe claridad sobre qué proyectos se protegerán.
Sexto: desvinculación presupuestal. No hay disposiciones obligatorias que fuercen a que cada presupuesto anual incorpore metas y recursos alineados al PGD. Si un gobierno decide priorizar programas distintos, no hay sanción ni mecanismo correctivo. Sin dientes legales, el Plan puede convertirse en una guía optativa.
Séptimo: riesgo de reinterpretación sexenal. Aunque su vigencia es de 20 años, no existen blindajes jurídicos que obliguen a las próximas administraciones a respetarlo. Cada gobierno podría ajustarlo, reducirlo o ignorarlo sin consecuencias claras. Sin armonización obligatoria ni evaluaciones vinculantes, el horizonte de largo plazo depende de la voluntad política.
Octavo: coordinación metropolitana no vinculante. El documento reconoce que agua, movilidad y medio ambiente rebasan los límites de la capital, pero no establece convenios obligatorios con el Estado de México ni con la Federación, ni fondos metropolitanos con reglas claras. Sin instrumentos vinculantes, la planeación queda sujeta a acuerdos políticos temporales.
Noveno: contaminación sin metas duras. El Plan habla de transición energética y movilidad sustentable, pero no fija objetivos obligatorios de reducción de emisiones ni calendarios específicos. Tampoco define protocolos automáticos ante contingencias ambientales recurrentes ni responsabilidades institucionales claras. Sin metas medibles, la política ambiental corre el riesgo de quedarse en promesa.
Décimo: ¿quién responde si no se cumple? El PGD no garantiza evaluaciones externas independientes ni informes anuales obligatorios ante el Congreso y la ciudadanía. No hay comparecencias ligadas a metas específicas ni consecuencias ante incumplimientos reiterados. Si en cinco años no hay avances sustanciales, nadie estaría formalmente obligado a explicar el rezago.
Para Olivia Garza de los Santos, el diagnóstico es contundente: el Plan General de Desarrollo 2025-2045 plantea una visión ambiciosa, pero carece de jerarquía estratégica, sustento financiero, indicadores verificables y mecanismos de rendición de cuentas. Sin prioridades claras, sin presupuesto etiquetado y sin responsables definidos, advierte, el futuro de la Ciudad de México podría quedar atado a un documento aspiracional que no obliga a nadie y no garantiza resultados.