Propone Aleida Alavez endurecer penas a servidores públicos que especulen y y condicionen el reparto de agua

CDMX, a 19 de Septiembre,2017.- La propuesta a la reforma al artículo 270 del Código Penal propone elevar de 4 a 16 años de prisión a los servidores públicos que nieguen, retarde u obstaculice el auxilio o la protección o el servicio que tenga la obligación de prestar; la misma pena se aplica para los servidores públicos que manipulen las válvulas de distribución o suministro sin contar con la autorización de quien esté facultado legalmente para hacerlo. Actualmente la sanción prevista en el mismo artículo es de dos a 8 años de prisión.

Al presentar una iniciativa que reforma el Código Penal de la Ciudad de México, la legisladora demandó acabar con esas prácticas que en las últimas semanas provocaron enfrentamientos en delegaciones como Iztapalapa, donde se agudizó el desabasto de agua, a causa del sismo del pasado 17 de septiembre.

La legisladora advirtió que se deben tomar medidas más estrictas para acabar con la especulación del vital líquido, al tiempo que demandó a las autoridades a aplicar la ley a quienes cometan los ilícitos señalados.

Desafortunadamente  a costa de la necesidad ha florecido el lucro económico y político, durante los últimos 5 años ha sido creciente el número de denuncias por el condicionamiento del servicio de carros tanque y pipas, así como la manipulación indebida de las válvulas que distribuyen y abastecen de aguas a los colonos, ya que muchas siendo competencia exclusiva del Sistema de Aguas de la Ciudad de México son manipuladas indebidamente por el personal Delegacional y viceversa.

Abundó en que su propuesta de reforma al artículo 270 del Código Penal eleva la pena de cuatro a 16 años de prisión al servidor público que indebidamente niegue, retarde u obstaculice el auxilio o la protección o el servicio que tenga obligación de otorgar. Asimismo al que manipule las válvulas de distribución o suministro sin contar con la autorización correspondiente de quien legalmente esté facultado para ello.

 Lo que pretendemos con esta iniciativa es desincentivar el uso político que se está haciendo del agua en diversas zonas de la Ciudad de México, porque al parecer las sanciones actuales no son suficientes.

Y ejemplificó: “la especulación y condicionamiento del servicio gratuito ha sido tan severo que el propio gobierno de la ciudad ha tenido que blindar las pipas con personal de la Contraloría General ante estos hechos de corrupción. No es posible que el agua se reparta sólo entre simpatizantes de las autoridades delegacionales”.

Al lamentar el lucro económico y político que ha florecido en los últimos cinco años, aseguró que a pesar de que el número de denuncias ha crecido por el condicionamiento del servicio de carros tanque y pipas, o que personal no autorizado manipule indebidamente las válvulas que distribuyen y abastecen de aguas a los vecinos, continúan estas prácticas criminales.

La severa escasez que enfrentan miles de habitantes de varias delegaciones, se agudizó con los sismos de septiembre pasado que afectaron diversos ductos que canalizan agua a la ciudad, lo que generó la venta o condicionamiento de pipas de las delegaciones.

 “No podemos seguir siendo testigos de cera ante esta problemática que afecta a miles de familias de capitalinos, debemos, como nos ordena la Constitución, proteger y garantizar el ejercicio pleno y disfrute de los derechos humanos, como es el derecho al agua”, agregó.