CDMX, 08 septiembre 2021 (NOTICIASCD.MX / XOCHINEWS.COM).- La Diputada Indalí Pardillo Cadena presentó una iniciativa para reformar la fracción XXXI del Artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de modificar el nombre de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes , y agregar la frase “Comunidades Afrodescendientes”, partiendo de la premisa que la invisibilización es la peor forma de discriminación.

En Tribuna, la legisladora dijo que llegó la hora del reconocimiento de la comunidad Afrodescendiente, ya que “la invisibilización de esta comunidad a lo largo de cientos de
años tiene que ser resarcida con políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos”.

La legisladora por Iztapalapa hizo hincapié que la Nación Mexicana se edificó en base a
tres culturas: la indígena, la española y la africana; de manera lamentable está última se
margino por más de 198 años, siendo en 2019 cuando se adicionó la base C al Artículo 2
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es donde se reconoce
que la comunidad afrodescendiente forma parte de la composición pluricultural de nuestra
nación.

Resaltó que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su Artículo 11 a
la población Afrodescendiente como grupo de atención prioritaria, por lo que hoy le toca al
Congreso de la Ciudad asumir la agenda de dicha comunidad.

Indalí Pardillo resaltó que cerca de 187,000 personas se auto-adscribieron como
afrodescendientes en el Censo de Vivienda realizado por el INEGI en 2020, lo que
representa el 2.03 por ciento de la población de la Ciudad de México, que en su calidad
de integrante de dicha comunidad tiene un compromiso de visibilizar la agenda de la
comunidad Afrodescendiente.

Finalmente la Diputada local puntualizó que, esta iniciativa de reforma se enmarca dentro
del Programa de Actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-
2024, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el dieciocho de
noviembre de dos mil catorce, y el cual el Estado Mexicano tiene la responsabilidad de
cumplir.