Por NOTICIASCD.MX
CDMX, 08 mayo 2026.- La posible decisión de la Secretaría de Educación Pública de adelantar el fin del ciclo escolar al próximo 5 de junio ya encendió el debate político y social en la Ciudad de México. El dirigente del Partido Verde capitalino, Jesús Sesma, pidió al Gobierno capitalino crear apoyos emergentes para miles de madres y padres trabajadores que quedarían sin opciones para el cuidado de sus hijos.
La medida, que estaría relacionada con las altas temperaturas y la logística por el Mundial de Futbol 2026, ha generado preocupación entre familias que todavía deberán acudir a sus empleos mientras sus hijos permanecerían fuera de las aulas varias semanas antes de lo previsto.
Sesma reconoció que existen razones válidas para modificar el calendario escolar, pero advirtió que el problema real será el impacto económico y familiar que enfrentará la población trabajadora.
“El gobierno no puede simplemente cerrar las escuelas y dejar solas a las familias”, sostuvo el líder ecologista al anunciar que solicitará a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la creación de alternativas inmediatas de cuidado infantil.
La propuesta del Partido Verde contempla que los planteles educativos que ya no impartan clases regulares puedan funcionar temporalmente como estancias o guarderías en horarios similares a la jornada escolar, permitiendo que niñas, niños y adolescentes permanezcan en espacios seguros mientras sus padres trabajan.
El tema amenaza con convertirse en uno de los debates más sensibles rumbo al verano: el choque entre las decisiones gubernamentales por el Mundial y las necesidades cotidianas de millones de familias.
Además, Sesma adelantó que también buscará un acuerdo con escuelas privadas para evitar que las colegiaturas de junio se cobren completas, argumentando que muchas familias podrían verse obligadas a pagar cuidados adicionales o actividades temporales para sus hijos.
La discusión ya comenzó en redes sociales, donde usuarios cuestionan quién absorberá los costos del tiempo extra sin clases y si las autoridades realmente midieron el impacto laboral y económico antes de plantear el ajuste escolar.
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