- La alcaldesa acusa que el Gobierno de CDMX autorizó, controló y falló en la demolición que dejó tres muertos.
CDMX, 17 marzo 2026.- La confrontación política escaló al máximo nivel. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega lanzó un señalamiento sin rodeos: la tragedia en San Antonio Abad no fue un accidente aislado, sino consecuencia directa de decisiones tomadas desde el Gobierno de la Ciudad.
Y puso nombre al responsable político: César Cravioto.
Con una serie de oficios, fechas y artículos legales, Rojo detalló que la demolición del inmueble colapsado fue autorizada por el gobierno central bajo el llamado “acuerdo de facilidades”, un mecanismo que permite acelerar procesos… pero también relajar controles clave.Ahí está el punto crítico.
Ese esquema, según lo expuesto, no solo permitió avanzar sin cumplir requisitos básicos como estudios técnicos o programas de protección civil, sino que además concentró toda la responsabilidad en el propio gobierno capitalino: autorizar, coordinar, supervisar y garantizar la seguridad.
Todo en sus manos.
La alcaldía, afirmó, detectó al menos 10 riesgos graves y por ello negó el permiso. La respuesta del gobierno fue ignorar esas advertencias y autorizar la demolición apenas tres días después.
“No fue falta de información, fue una decisión”, acusó.
El caso se agrava con otro dato: si las obras no iniciaban en tiempo o no se notificaban formalmente, el permiso debía cancelarse. Eso tampoco ocurrió.
Es decir, hubo omisiones antes, durante y después.
A casi una década del modelo de reconstrucción surgido tras el sismo de 2017 —impulsado por el propio Cravioto—, lo que se vendió como una vía para proteger vidas hoy enfrenta su peor cuestionamiento: haber creado un sistema que, en los hechos, pudo haber contribuido a perderlas.
Mientras tanto, tres nombres quedan en el centro de todo: Iván, Luis Ángel y Marcelino.Y una pregunta que crece: ¿quién responde?