Más de 600 millones de dólares son la herencia de la fallecida SEÑORITA Socorro Romero Sánchez, exitosa empresaria avícola del estado de Puebla, quien además fue una admirable filántropa que destinó gran parte de su fortuna a impulsar causas religiosas, educativas y culturales del municipio de Tehuacán. Sin duda una persona muy querida y recordada con cariño por los poblanos.

El testamento de la fallecida empresaria fue firmado el 2 de diciembre del 2009, bajo todos los lineamientos legales correspondientes en una notaría pública de la ciudad de Tehuacán, nombrando a Estela Romero Bringas, sus dos hijos y  su hermano Gustavo Romero Bringas, albaceas y administradores de la fortuna de la SEÑORITA.

Por otro lado, la Diputada Local Olga Lucía Romero Garci-Crespo ha estado a la cabeza de la demanda por parte de la familia Romero Garci-Crespo alegando la nulidad del testamento a causa de la “poca lucidez” con la que aparentemente, contaba la finada Romero Sánchez al momento de firmar su última voluntad. La parte acusadora ha falseado pruebas como certificados médicos  para justificar la ilegalidad del testamento y justificar un tedioso proceso de más de 10 años de pugna.

si eso no fuera poco, de tráfico de influencias para entorpecer el proceso, esconder pruebas y coaccionar la labor del Ministerio Público de la Unidad de Recursos de Procedencia ilícita para que secuestren y aseguren los libros que contienen el testamento de la Señorita para evitar que se pueda desarrollar la prueba en grafoscopia y reafirmar la autenticidad de la firma dentro del juicio de nulidad testamentaria, violando la ley del notariado del Estado de Puebla.

A todos los ilícitos se agrega el tráfico de influencias que la funcionaria y sus abogados, Eduardo Amerena Minvielle y Roberto Gil Zuarth, quien se ha convertido en una persona cercana al gobierno de Puebla y que ponen en entredicho que el proceso se trate de un conflicto entre particulares, como lo afirmara en una ocasión Miguel Barbosa Huerta, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla cuando defendió a la Diputada de su partido por tener derecho a defender lo que ella crea que son “sus intereses”, aunque para su defensa se aproveche de su puesto privilegiado en la bancada estatal.

 

Según lo demuestran los hechos, a todas luces, e Estado de Derecho en la entidad poblana es frágil y ha quedado evidenciado en este juicio testamentario que la ambición de Garci-Crespo se vale de los más sucios medios para alcanzar sus fines. Es apenas justo exigir a la autoridad el respeto del Estado de derecho y el que no se permita que nadie actúe de manera ilegal y contra los derechos humanos en el estado.