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Urge Zoé Robledo a dictaminar Ley Reglamentaria en materia de propaganda gubernamental

Urge Zoé Robledo a dictaminar Ley Reglamentaria en materia de propaganda gubernamental

El senador Zoé Robledo, del grupo parlamentario del PT-Morena, urgió a las comisiones unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la

  • Publishedenero 17, 2018

Ciudad de México a 17 de Enero (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-El senador Zoé Robledo, del grupo parlamentario del PT-Morena, urgió a las comisiones unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, a dictaminar la Ley Reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental.

“Es necesario que los recursos designados al Poder Ejecutivo Federal en materia de comunicación social tengan un límite y sean designaos conforme a una normatividad, debido a que se han detectado gastos excesivos, pero sobre todo discrecionales”, refirió el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

A través de un punto de acuerdo, el senador por Chiapas exhortó al Ejecutivo Federal a presentar ante el Senado de la República una iniciativa preferente de la Ley Reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Propaganda Gubernamental, o a adoptar con ese carácter alguna de las iniciativas en la materia presentadas en el Senado.

Recordó que la reforma constitucional electoral de 2007 incluyó la adición de los párrafos octavo y noveno al artículo 134, mismos que establecieron la pauta para regular la propaganda gubernamental.

En esas modificaciones se dispuso que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, o cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

“Han transcurrido más de diez años desde la publicación y entrada en vigor de aquella reforma constitucional sin que el Congreso haya comenzado siquiera a discutir la legislación secundaria sobre la propaganda oficial, a pesar de se han presentado diversas iniciativas que, de manera directa o indirecta, tienen relación con la materia!, señaló.

Lo único que ha hecho el Congreso fue, dentro de otro decreto de reformas constitucionales también en materia política, establecer un segundo plazo para la expedición de la ley reglamentaria en materia de publicidad oficial, añadió el senador Zoé Robledo.

Lo anterior, precisó, se estableció en la reforma constitucional en materia político-electoral del 10 de febrero de 2014, que establece en su artículo tercero transitorio la obligación del Congreso de la Unión para expedir durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, una Ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional.

El senador chiapaneco recordó que, debido a este incumplimiento por parte del Congreso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que existe omisión legislativa y estableció en su sentencia que el Poder Legislativo tiene como plazo máximo el 30 de abril de 2018 para emitir dicha norma reglamentaria.

“De no hacerlo, se estarían trasgrediendo derechos humanos tales como la libertad de expresión, de información y de prensa, pues se utilizarían de form aarbitraria los recursos que son designados a la comunicación social”, indicó.

El senado Zoé Robledo reiteró su llamado a aprobar esa ley reglamentaria, “ésta es una oportunidad para abandonar el modelo de discrecionalidad política con la que se contrata y paga la propaganda gubernamental que sólo favorece intereses económicos específicos, en condiciones de opacidad y arbitrariedad”.

Con el actual modelo, añadió, “se fomentan las líneas editoriales complacientes y se castigan aquellas que de manera independiente realizan ejercicios de crítica periodística o editorial a la actuación gubernamental, por un modelo donde la propaganda que difundan las instituciones públicas tenga fines informativos y un carácter institucional”.