Por NOTICIASCD.MX
CDMX, 13 abril 2026.- La discusión del Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México escaló a nivel de choque político luego de que el PAN en el Congreso capitalino denunciara que la consulta pública realizada por el Gobierno local fue una “simulación deliberada” y exigiera reiniciar por completo el procedimiento.
La presidenta de la Comisión de Planeación, Olivia Garza, lanzó una dura acusación contra el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva al señalar que existen inconsistencias graves en las cifras oficiales. Según explicó, mientras el informe gubernamental reporta 787 encuentros participativos, en la plataforma pública sólo aparecen 694 registros, dejando un faltante de 93 eventos sin respaldo documental.
La legisladora también cuestionó la validez de 486 talleres efectuados en PILARES, al sostener que el propio Gobierno reconoció que en esos espacios no se discutió el contenido del PGD, sino únicamente problemáticas generales de las comunidades, por lo que no deberían contabilizarse como parte de la consulta formal.
Otro punto crítico señalado por Garza fue la discrepancia en la participación de menores de edad: mientras el informe actual habla de 98 mil 500 encuestas a niñas, niños y adolescentes, reportes previos del Gobierno capitalino habían informado 120 mil, lo que implica una diferencia de más de 21 mil registros sin explicación.
La diputada panista advirtió además que existe opacidad en más de 12 mil propuestas ciudadanas y 107 documentos técnicos que, pese a haber sido reportados, no están disponibles para consulta pública, lo que —afirmó— viola directamente la Ley del Sistema de Planeación.
Olivia Garza sostuvo que el proceso está viciado desde su origen, al recordar que el propio Gobierno admitió que lo sometido a consulta no fue el proyecto final del PGD, sino un anteproyecto, lo que a juicio del PAN invalida jurídicamente todo el ejercicio.
“Estamos frente a cifras infladas, inconsistentes y manipuladas. No vamos a permitir que se consolide este fraude institucional”, sentenció la legisladora, al sumarse al reclamo de organizaciones vecinales y pueblos originarios que también exigen reponer la consulta.