El término piratería hace referencia a una variedad de prácticas comerciales relacionadas con la explotación de una idea, producto o servicio que no cuenta con los permisos, la calidad y la legalidad para comercializarlos. Desde una perspectiva legal, la piratería se utiliza al hablar de falsificación de marcas. Desde la perspectiva social, el término se asocia a productos de baja calidad y de bajo precio, o según su lugar de venta. 

De acuerdo con el sexto estudio de piratería presentado por la American Chamber of Commerce (AmCham) el año pasado, la piratería le cuesta 43,000 millones de pesos anuales (casi 2,000 millones de dólares) a la economía mexicana. La AmCham tiene además detectados alrededor de 19 mercados físicos de productos apócrifos, 6 en Ciudad de México, entidad con mayor cantidad de mercados notorios seguido por Guadalajara, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Puebla.

En los últimos cuatro años se han destruido más de trece millones de productos piratas y se ha capacitado a más de 2,000 agentes aduanales, aunque es muy claro que el verdadero reto está en que cada diez mexicanos consumen esta mercancía y es obligación personal dejar de comprar estos productos que además representan riesgos a la economía y a la salud. Una de cada tres mercancías vendidas en mercado mexicano está dentro de la competencia desleal lo cual perjudica al empresario (del tamaño que sea) y al inversionista que paga obligaciones fiscales.

Un rubro que ha aumentado es el comercio informal de cigarrillos ilegales en México, éste creció desde 2011 para representar el 19% de todos los cigarros que se consumen en el país. El consumo de cigarros ilegales creció en 10 años de un 2% a un 18.8% en 2021 según datos de Oxford Economics, y este estudio explica de qué forma la presencia de cigarros ilegales se ha dividido en 2 tipos fundamentalmente: cigarros de contrabando que ingresan al país de forma ilegal burlando los controles aduanales y los cigarros ilegales que son producidos en México, siendo el segundo grupo el que más ha crecido en los últimos 3 años.

Las marcas de cigarros ilegales que se comercializan y producen de forma local generan una competencia desleal para las empresas que cumplen con todas las obligaciones fiscales y sanitarias y provocan una importante pérdida fiscal para la Hacienda pública de alrededor de $13,500,000,000 (Trece Mil Quinientos Millones de Pesos M.N.) anuales. Una tercera parte del objetivo de recaudación anual del sector.

Según la última alerta sanitaria emitida por la Cofepris, existen en México más de 245 marcas de cigarros ilegales principalmente de procedencia chinas entre las que destacan las marcas Win y Brass que lideran el mercado de contrabando con el 6.7% del total del mercado, mientras las marcas como link y económicos de producción nacional, pero que no cuentan con código de seguridad representan el 12.1% del porcentaje total, de cigarros vendidos y consumidos en México.

Otro punto de interés son las importaciones ilegales en la frontera con marcas desconocidas que son fabricadas principalmente en India, Estados Unidos, Canadá, China, etc. Debido a la existencia de fronteras que carecen de controles suficientes para la verificación de las mercancías. Se estima que el 70 por ciento del contrabando en México, ingresa por la frontera sur con Belice.

Otras formas de mercado ilícito son la piratería (falsificación) y evasión del pago de impuestos. La piratería va desde aquellas cajetillas de cigarros que son una réplica del producto original hasta aquellos que intentan engañar al consumidor con logotipos y nombres de marca muy parecidos al original.

La evasión del pago de impuestos puede incluir desde contrabando y piratería que no pagan impuestos hasta productos que aparentan ser legales en su empaquetado y etiquetado externo, pero sobre los cuales no se cumple con el pago correcto de los impuestos aplicables.

Es importante tener en cuenta que la adquisición de productos “piratas” no sólo pone en riesgo la economía de un país, también la salud, por ello ante todas las acciones que los gobiernos realizan lo más importante es el llamado a la población a reducir la compra y consumo de productos ilícitos por el bien propio.