Diputados acusan extralimitación, desconocimiento constitucional y abandono de problemas locales
Ciudad de México, 21 de enero de 2026.– La ocurrencia política del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, de pedir la reubicación de las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua terminó por encender las alarmas en el Congreso capitalino. La Comisión Permanente exhortó al edil a respetar la Constitución y dejar de invadir atribuciones que no le corresponden, luego de que sus declaraciones pusieran en entredicho la seriedad institucional de la capital del país.
Legisladores locales calificaron el anuncio como un acto de improvisación política que no solo carece de sustento legal, sino que también pone en riesgo la tradición diplomática de México, basada en los principios de no intervención y respeto entre Estados. En términos simples: un alcalde pretendiendo decidir qué gobiernos son aceptables en territorio mexicano.
El Congreso fue claro al recordarle que la política exterior es una facultad exclusiva del Ejecutivo federal, no un instrumento de posicionamiento ideológico para gobiernos locales. Por ello, además del exhorto a abstenerse de nuevas declaraciones de ese tipo, se le pidió cumplir con lo básico: garantizar servicios públicos, seguridad y condiciones adecuadas en las zonas donde se ubican sedes diplomáticas dentro de su demarcación.
La diputada Brenda Ruiz Aguilar (MORENA) fue contundente al advertir que los dichos de Tabe Echartea no solo son irresponsables, sino peligrosos:
“Este tipo de pronunciamientos enrarecen el clima de respeto y cooperación entre los pueblos y proyectan una imagen de improvisación institucional que México no puede permitirse”.
Desde la oposición, el diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero (PAN) intentó matizar la polémica al destacar que Miguel Hidalgo alberga 77 de las 106 embajadas de la ciudad y cuenta con buenas evaluaciones administrativas. Sin embargo, su defensa dejó ver el trasfondo ideológico del conflicto, al reiterar su rechazo a gobiernos que considera dictatoriales, aunque ello implique tensionar relaciones internacionales desde una alcaldía.
Para la legisladora Cecilia Vadillo Obregón (MORENA), el debate evidencia una desconexión preocupante entre el discurso del alcalde y las verdaderas prioridades de la demarcación.
“El alcalde no tiene facultades para exigir la expulsión de embajadas”, subrayó, al tiempo que recordó que la Ciudad de México concentra 55 por ciento de la inversión extranjera del país, un flujo que depende de certidumbre jurídica y respeto diplomático, no de ocurrencias políticas. También señaló que Miguel Hidalgo enfrenta múltiples rezagos que siguen sin atenderse.
Ante el riesgo de que este tipo de posturas se repitan, el Congreso solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores capacitar a los titulares de las 16 alcaldías sobre tratados internacionales y leyes diplomáticas, una medida que, en los hechos, deja ver la preocupación por el desconocimiento básico del marco legal por parte de algunas autoridades locales.
El mensaje político fue inequívoco: las alcaldías no están para redefinir la política exterior del país, y menos para usarla como plataforma ideológica mientras se descuidan los problemas cotidianos de la ciudadanía. En este episodio, más que liderazgo, el alcalde de Miguel Hidalgo exhibió los límites —y los riesgos— de gobernar a golpe de declaraciones.