Opinión

Sergio Arturo Ramírez Muñoz

La crisis provocada por la Covid-19 ha desvelado las mayores carencias de las sociedades en el mundo. La pandemia ha profundizado los desafíos que cada país venía enfrentando, por ello, no es una novedad que, en esta atípica y extraordinaria situación, en México sigamos teniendo altos índices de aquellos delitos que más lastiman a nuestras comunidades.

La política del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar que las y los jóvenes sean presa fácil de los grupos delincuenciales, a través de la implementación de modelos alternativos de desarrollo, además de ser de largo aliento, requiere de la inversión de grandes montos de recursos públicos. Sin embrago, bien vale la pena apostar por el fortalecimiento de las capacidades del talento de nuestros jóvenes y, sobre todo, consolidar la vía pacífica para enfrentar la terrible situación de inseguridad que nos heredaron las administraciones anteriores.

Por supuesto, esta estrategia no está exenta de señalamientos. Quienes hoy cuestionan al gobierno por no ejercer y hacer valer el monopolio de la fuerza legítima son los mismos que en el pasado se aliaron con grupos criminales mientras nuestro país se convertía en un campo santo de fosas clandestinas. Son los mismos que en pasado se caracterizaron por su falta de sensibilidad y por ignorar a los miles de víctimas y a los familiares de personas desaparecidas, ejecutadas, violadas y torturadas, en tanto ellos ocupaban los recursos del Estado para beneficiar a uno de los cárteles de la delincuencia organizada.

Revertir la grave crisis de derechos humanos y atender las causas estructurales de la impunidad que nos carcome no es asunto de una persona, de un gobierno o de una mayoría legislativa. Lo que está en juego va mucho más allá de la eficiencia o credibilidad de un proyecto político; el verdadero riesgo es que se erosione por completo la vigencia del estado de derecho y se comprometa la gobernabilidad y la viabilidad de nuestro sistema democrático.

De ahí la importancia de promover desde la sociedad un cambio de paradigma que nos permita dejar atrás el contexto de impunidad y creciente criminalidad derivado de una estrategia que en el pasado apostó por aliarse con un cártel por debajo de la mesa, mientras fingía combatir con fuego a la delincuencia, únicamente para beneficiar a sus socios.

Hoy, necesitamos crear sinergias que nos permitan generar progresivamente las condiciones estructurales y los cimientos de un Estado de paz.

Desde la presentación de la Estratega Nacional de Seguridad del presidente, se contempla como uno de los elementos consustanciales más importantes el reconocimiento de la necesidad de instrumentar un proceso de construcción de paz en México. Esta estrategia representa un punto de quiebre fundamental para corregir el rumbo criminal implementado por administraciones anteriores y da cuenta de la existencia de visión y voluntad política para anclar el proceso de transformación pacifica que atraviesa nuestro país en los pilares de la verdad y la justicia.

Es hora de profundizar la discusión y tomar en serio las herramientas que la justicia transicional puede aportar para detener y revertir el deterioro social en México. Diversos son los actores políticos y sociales que reconocen la profundad y el carácter sistémico de la crisis que nos agobia, y coinciden plenamente en la necesidad de adoptar medidas excepcionales que nos permitan hacerle frente y salvaguardar los valores esenciales que nos definen como sociedad.

Este consenso base constituye un elemento esencial que, aunado a la existencia de otras condiciones propicias, genera un escenario bastante positivo y alentador para emprender una estrategia alternativa centrada en los pilares fundamentales de la justicia transicional, buscando en todo momento atender las causas de fondo que generan o incentivan la violencia, la corrupción y la impunidad como fenómenos sistémicos. Sin justicia, verdad, reparación, y garantías de no repetición, es más probable que la historia se repita.

La reparación a las víctimas de la violencia en México es, hoy más que nunca, un imperativo. Los grupos de la delincuencia organizada deben regresar los recursos que han obtenido de manera ilegal, a través de reparaciones integrales a víctimas individuales y comunitarias y convertirse en la base del desarrollo transformador.

Es el momento de iniciar la construcción de un Estado de Paz.