Por NOTICIASCD.MX
CDMX, 17 de febrero de 2026. — La polémica volvió a instalarse en la Alcaldía Cuauhtémoc luego de que el Congreso capitalino aprobara un Punto de Acuerdo para exhortar a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo a capacitar a su personal en derechos humanos y no discriminación, tras el operativo para retirar comercio ambulante en Avenida Ribera de San Cosme.
La propuesta fue impulsada por la diputada Diana Sánchez Barrios, histórica lideresa del comercio informal y hoy legisladora, quien acusó agresiones contra aproximadamente 25 vendedores durante el operativo realizado el 13 de febrero.
Desde tribuna, la legisladora aseguró que hubo falta de diálogo, ausencia de reubicación y desatención a mesas convocadas por la Secretaría de Gobierno. También denunció presunto uso de lenguaje discriminatorio y violencia contra integrantes de la comunidad LGBTTIQ+.
Sin embargo, el trasfondo político es inevitable: la discusión sobre derechos humanos se da en medio de la disputa por el control del espacio público, uno de los negocios más rentables en la capital. Mientras la alcaldía argumenta orden y recuperación de vialidades, sectores del ambulantaje acusan persecución.
El Punto de Acuerdo también solicita al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) implementar acciones de sensibilización en las 16 alcaldías sobre no discriminación y uso de lenguaje no homofóbico.
El choque es frontal: ¿reordenamiento o presión política? ¿defensa de derechos o defensa de cuotas? La batalla por la calle apenas comienza.