Diputados de morena llaman a la ALDF reducir en 50 por ciento sus gastos y aportarlos al fondo de desastres

CDMX, a 26 de Septiembre,2017.- La Asamblea Legislativa debe reducir sus gastos en un 50% en lo que resta de esta legislatura y apartar este recurso al Fondo de Rescate para atender a los miles de damnificados por el sismo del 19 de septiembre, propusieron los diputados de MORENA, Néstor Núñez, Darío Carrasco, Juana María Juárez y Juan Jesús Briones, al tiempo que llamaron a la Comisión de Gobierno a buscar una sede alterna para que el Pleno de la este órgano legislativo pueda sesionar y tomar decisiones para afrontar la emergencia que vivimos en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, los diputados Darío Carrasco, Juana María Juárez y Juan Jesús Briones, dieron a conocer que ayer enviaron una carta al presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, para que se busque una sede alterna, si no es posible sesionar en el Recinto Legislativo, porque “no puede ser que la Asamblea esté desaparecida en estas horas de emergencia de nuestra ciudad”.

Los legisladores manifestaron su extrañeza de que se pretenda reiniciar labores hasta el 2 de octubre, “cuando hay tantos temas apremiantes que debemos discutir y resolver; cuando la ciudadanía no descansa, no duerme y no come, para hacer frente a la emergencia”.

Respecto de su propuesta de que la Asamblea Legislativa reduzca en un 50% su gasto, abundaron que debe ser para lo que resta de esta legislatura, y que en el Presupuesto del Gobierno de la Ciudad 2018, se incluya  la cantidad suficiente para que el Fondo de Rescate pueda hacer frente a las contingencias de vivienda derivadas del sismo.

Asimismo llamaron al gobierno de la Ciudad de México a reducir también en un 50% el gasto de administración y destinarlo al Fondo; que empresas como ECOPARK y ECOBICI aporten al Fondo de Rescate de la Ciudad de México 70 y 50 % respectivamente de sus ganancias; que Autotraffic, operadora de las fotomultas, y todas las empresas inmobiliarias y constructoras beneficiadas con permisos de construcción en los últimos cinco años en las delegaciones afectadas, aporten también  50% de sus ganancias.

“El 19 de septiembre de 2017 es un llamado a la conciencia de todas las autoridades y  representantes populares para que convirtamos este momento adverso en el primer paso para reordenar la ciudad como se debe, deslindando desde luego responsabilidades y llegando hasta donde tengamos que llegar”, agregaron.

“Necesitamos sobre todo un plan integral de reordenamiento urbano y de vivienda; una redefinición del fallido modelo que ha privilegiado los intereses de los grandes consorcios inmobiliarios, que incluya un Programa de Reconstrucción de Vivienda en tres niveles: para los ciudadanos que han sufrido ya la pérdida de sus viviendas; para aquellos que están en riesgo de perderlas por daño grave; y también para los vecinos que siguen viviendo en zonas de alto riesgo, que no sufrieron daños o fueron en esta ocasión menores”, agregaron..

 “La magnitud de la tragedia nos impele a actuar, y hacerlo a fondo en apoyo de las víctimas y las familias que quedaron sin un familiar, sin un hogar, que perdieron todo o con quienes están aún en grave riesgo de perderlo”, dijeron.

Los legisladores exigieron un informe serio de los daños provocados por el sismo, de las colonias y delegaciones con afectaciones en viviendas e inmuebles por la  edificación de nuevas construcciones en los últimos cinco años, y las medidas de mitigación aplicadas”.

“Necesitamos saber cuántos nuevos edificios resultaron dañados o se derrumbaron y cuantos edificios dañados en el sismo del 85 reconstruidos se desplomaron, porque hay responsabilidades que aclarar. Vamos contra las constructoras pero también contra los funcionarios omisos o corruptos”, señalaron.

Además demandaron que se aclaren las fallas del Sistema de Alerta Sísmica; qué pasó con el tema de los socavones, hundimientos y grietas que ha últimas fechas han proliferado en diferentes delegaciones de nuestra ciudad y si están relacionados con las megaconstrucciones y proyectos inmobiliarios que proliferan.

Por último, demandaron que se suspendan las obras de nuevos edificios de oficinas y viviendas en zonas de alto riesgo sísmico, y en general se redefina la política de desarrollo urbano desarrollada hasta ahora