Por HHR
“Casarín y el costo de la negligencia en Álvaro Obregón”
CDMX, 14 abril 2026.- En Álvaro Obregón, la tragedia que golpeó a decenas de familias en la colonia Torres de Potrero no fue producto de un fenómeno imprevisible ni de una catástrofe natural imposible de contener. Fue, lisa y llanamente, consecuencia de la negligencia institucional. Y en esa cadena de omisiones, el nombre del alcalde Javier López Casarín no puede ni debe quedar fuera.
Las inundaciones registradas en las calles Feliciano Gutiérrez y Mercadela, que dañaron viviendas y patrimonio de vecinos, tienen una explicación técnica contundente: el manejo inadecuado de compuertas en la trifurcación Judío-Cutzamala. No fue la lluvia; fue el error humano. Un error que, según reportes internos, pudo haberse evitado si el personal responsable hubiera contado con capacitación suficiente y si la operación hidráulica hubiera sido supervisada con rigor.
Aquí es donde la responsabilidad política alcanza de lleno al gobierno de López Casarín. Como autoridad municipal, la alcaldía no puede lavarse las manos. El suministro, mantenimiento preventivo, monitoreo territorial y comunicación con la Secretaría del Agua forman parte de sus obligaciones esenciales. Y si desde 2025 existían reportes constantes sobre derramamientos y fallas recurrentes en la zona, entonces lo ocurrido no fue un accidente: fue una omisión anunciada.
La administración obregonense conocía el riesgo. El subdirector y el JUD de Agua tenían conocimiento de las anomalías. Había datos, había antecedentes, había alertas. Pero nadie actuó. Nadie corrigió. Nadie previno.
Más grave aún: la infraestructura que desahogó el agua hacia la vía pública no está diseñada para operar como válvula de escape de incompetencias. Esos desfogues fueron proyectados para proteger al tanque de almacenamiento y al cárcamo de bombeo de daños estructurales, no para compensar errores humanos derivados de la falta de personal, de la improvisación y de la incapacidad técnica de quienes hoy están al mando.
La narrativa oficial ha intentado desviar la atención. Desde algunas áreas del gobierno capitalino se ha querido insinuar que el exceso de agua fue un evento extraordinario. Pero esa versión se derrumba frente a un hecho irrefutable: las instalaciones están automatizadas y monitoreadas desde oficinas centrales de la Secretaría del Agua. El sistema detecta niveles en tiempo real precisamente para evitar derrames como el que devastó Torres de Potrero. Si hubo excedente, fue porque alguien falló en la operación. Y si alguien falló, hubo una cadena de mando que permitió ese fallo.
Javier López Casarín enfrenta aquí una prueba de gobierno que no puede resolver con comunicados tibios ni deslindes burocráticos. La ciudadanía no necesita excusas: exige responsables. Porque cuando el agua entra a las casas por culpa de la ineptitud oficial, no basta con culpar a una compuerta; hay que señalar a quienes debían vigilarla.
En Álvaro Obregón no falló la infraestructura: falló el gobierno. Y esa factura política ya está tocando la puerta del alcalde.
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