Más de 8 mil pesos de multa, cárcel y suspensión a funerarias por entregar cuerpos equivocados

CDMX, 05 de agosto 2020 (PERIODISMOENACCION.COM / NOTICIASCD.MX).- El diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez presentó una iniciativa para incluir responsabilidad penal a directores o encargados de agencias funerarias que entreguen un cadáver equivocado a los familiares de la persona fallecida.

Explicó que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 327 Fracción III del Código Penal para el Distrito Federal, trata sobre la responsabilidad de directores, encargados, administradores o empleados de centros de salud y agencias funerarias, por requerimiento arbitrario de la contraprestación.

“Se impondrán de tres meses a dos años de prisión, de veinticinco a cien días multa y suspensión de tres meses a dos años para ejercer la profesión, a los directores, encargados, administradores o empleados de cualquier lugar donde se preste atención médica, que entreguen diverso cadáver y no se hayan percatado de ser el reclamado”, indicó.

El legislador del Grupo Parlamentario de Morena indicó que esta conducta fue cometida últimamente por directores, encargados, administradores o empleados de Centros de Salud y agencias funerarias, y es importante señalar que no solo se ha suscitado en la Capital del país, sino en diversas entidades federativas como Veracruz, Morelos y el Estado de México.

En la justificación, Norberto Sánchez, mencionó también que la Ley General de Salud establece en el Artículo 346 que “los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración”

Nazario Norberto recalcó que “como legisladoras y legisladores tenemos la responsabilidad de actualizar los supuestos necesarios en las leyes, de acuerdo con las situaciones o conductas que se presentan y realidades en las que está viviendo en la Ciudad de México, lo anterior en virtud de que todos y cada una de las personas tenemos el derecho fundamental de la dignidad humana”.

La propuesta fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino.