Por NOTICIASCD.MX
CDMX, 20 enero 2026.- La mañana de este martes, el Gabinete de Seguridad federal concretó el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos, bajo el argumento de que representaban una amenaza real para la seguridad nacional. La operación —ejecutada conforme a la Ley de Seguridad Nacional y mediante mecanismos de cooperación bilateral— se realizó a petición del Departamento de Justicia de EE.UU., con el compromiso expreso de no solicitar la pena de muerte.
Los detenidos fueron enviados a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas. Con esta acción, el gobierno federal suma 92 criminales de alto impacto trasladados durante la actual administración, a quienes se les atribuye la imposibilidad de seguir generando violencia en territorio nacional.
Sin embargo, más allá del mensaje oficial de eficacia y coordinación internacional, el operativo vuelve a encender un debate sensible. ¿Por qué México opta por sacar del país a perfiles criminales clave en lugar de procesarlos y sentenciarlos aquí? La pregunta no es menor: el traslado puede aliviar presiones inmediatas de seguridad, pero deja pendientes sobre la fortaleza del sistema de justicia mexicano, la transparencia de los criterios de selección, y el impacto real en las redes criminales que permanecen activas.
El Ejecutivo subraya el respeto a la soberanía y a los derechos humanos, al destacar la exclusión de la pena capital. No obstante, especialistas advierten que la dependencia de la cooperación penal con EE.UU. puede enviar una señal ambigua: eficacia operativa en el corto plazo, pero incapacidad estructural para juzgar y desmantelar organizaciones desde el ámbito interno.
Mientras el gobierno presume resultados y cifras, persiste la exigencia de información clara: procesos judiciales en curso, bienes asegurados, cadenas de mando desarticuladas y métricas verificables de reducción del delito. Sin esos elementos, el traslado de criminales —aunque contundente— corre el riesgo de convertirse en un alivio temporal, más que en una estrategia integral de justicia y seguridad.