Ordena la Corte destitución de 2 alcaldes más
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución y consignación de los alcaldes y cabildos de los municipios de Tlacotepec de Benito Juárez, del estado de
Ciudad de México a 16 de Enero (MENSAJE POLÍTICO /CÍRCULO DIGITAL).-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución y consignación de los alcaldes y cabildos de los municipios de Tlacotepec de Benito Juárez, del estado de Puebla, y también de Coacoalco de Berriozábal, Estado de México, por incumplimiento en la ejecución de sentencias de amparo.
Durante la sesión que en estos momentos se lleva a cabo, el pleno del máximo tribunal del país determinó la destitución de los alcaldes Pablo Pérez Maceda de Tlacotepec de Benito Juárez y Erwin Javier Castelán Enríquez, munícipe de Coacoalco en el Estado de México.
Lo anterior al no dar cumplimiento a las sentencias dictadas dentro de juicios de amparo en contra de las afectaciones que sufrieron diversos ciudadanos por la realización de obras públicas sin que ello les generará una reparación económica por la perdida de sus propiedades.
La SCJN analiza otros seis casos de incumplimiento de sentencias de amparo o bien de sustitutos de la sentencia que involucran a otras autoridades municipales.
Ayer, la SCJN ordenó la destitución y consignación del presidente municipal de Paraíso, Tabasco, y su cabildo.
El pasado 10 de noviembre el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, señaló que cada sentencia tiene en sí misma la importancia de representar y significar el estado de derecho, cada sentencia es el sometimiento de las partes al orden y prevalencia la ley, por eso cada sentencia debe cumplirse.
Aguilar Morales afirmó que “no hay sentencias importantes y otras no tanto; el monto, los involucrados, si bien son determinantes por su carácter de partes en el juicio, son secundarios ante el cumplimiento del orden legal.
En todos los casos, cuando la Corte establece este tipo de sanciones, los servidores públicos o ex funcionarios incurren estas faltas, enfrentarán cargos ante un juez de distrito y podrían ser sentenciados hasta 10 años de prisión e inhabilitados del servicio público.
