Procentrhico denuncia ‘coyotaje’ de servidores públicos

CDMX, a 4 de Mayo 2017.- La organización de comerciantes establecidos Procentrhico A.C denunció que existe una red de ‘coyotaje’ en la que participan servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que reconoció el trabajo de las autoridades delegacionales de Cuauhtémoc para desarticular a dicho grupo.

Luego de que la directora de Jurídico y Gobierno de la delegación Cuauhtémoc, Zuleyma Huidobro, informó que la delegación actuó en atención a diferentes demandas, Procentrhico A.C pide a los comerciantes que hayan sido sido víctima de estos funcionarios corruptos a que denuncien.

De acuerdo a los comerciantes, la red de extorsionadores con ‘charola’ estaba integrada por tres notificadores y cinco abogados que trabajaban para la Subdirección Calificadora de Infracciones y la Dirección de lo Contencioso.

El modus operandi de los notificadores era que cuando hacían una resolución, notificaban una clausura o suspensión de actividades, se ofrecían como gestores al afirmar que conocían a “alguien” para resolver requerimientos del procedimiento, como permisos que no dependían de la administración de la Cuauhtémoc, como son documentos del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) o la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Por sus supuestos servicios los servidores publicos corruptos pedían cantidades que van de los 100 mil a los 800 mil pesos según el caso.

En el caso de los abogados, tenían a resguardo expedientes y después de conocer a los particulares en alguna audiencia, ofrecían ayuda para resolver su problema, los citaban en algún lugar público fuera de la delegación y a cambio de sus servicios pedían diferentes cantidades de dinero.

Procentrhico A.C hace un llamado también a las autoridades del Gobierno Central para que cesen a estos empleados corruptos y se les procese penalmente. Exigimos castigo debido a que son empleados sindicalizados y pertenecen al personal de estructura desde el año 2003 por lo que pueden librar la sanción penal por intervención del Sindicato de Trabajadores.