Por NOTICIASCD.MX
CDMX, 22 febrero 2026.- En conferencia, la diputada local de Morena, Diana Sánchez Barrios, volvió a colocarse en el centro del conflicto por el comercio en vía pública en la alcaldía Cuauhtémoc. Acusó a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega de emprender un operativo “con prepotencia” en San Cosme como venganza política, luego de que —según su versión— presentara denuncias ante la Contraloría.
Pero más allá del video exhibido y de las consignas de persecución, hay una pregunta incómoda que la legisladora evita responder con claridad: ¿cómo puede asumirse como defensora del comercio popular cuando es, al mismo tiempo, fundadora y propietaria de la organización ProDiana, señalada por comerciantes como la instancia que continúa cobrando cuotas por el uso del espacio público?
Sánchez Barrios aseguró que ProDiana está legalmente constituida, que las aportaciones se realizan vía bancaria y que existen vouchers, además de sostener que “siempre han estado vigilados por Hacienda”. También defendió que la asociación ofrece servicios como asesoría legal, jornadas de salud, entrega de despensas, sillas de ruedas y aparatos auditivos, e incluso opera un CENDI para hijos de comerciantes.
El punto crítico no es si la asociación está registrada o si entrega apoyos. El fondo es otro: el evidente conflicto de interés entre su cargo como legisladora y su rol como dirigente de una organización que administra —y cobra— cuotas a vendedores que ocupan el espacio público, un espacio que es de todos. ¿Puede una diputada influir en la regulación del comercio informal mientras mantiene una estructura que se beneficia de ese mismo comercio?
La legisladora lanzó otra acusación: “¿Qué pasó con los 97 millones y el derecho de piso que le hacen a los comerciantes por parte de la gente de la alcaldesa?”. Sin embargo, tampoco presentó pruebas documentales que sustenten el monto señalado ni explicó con precisión el origen de esa cifra.
Mientras tanto, en calles como las de San Cosme, el conflicto no es nuevo. Operativos, reordenamientos y confrontaciones han sido parte de una disputa histórica por el control territorial del comercio ambulante en la Ciudad de México. Lo que sí es novedoso es que ahora el debate se da con una diputada que llegó al Congreso por la vía plurinominal —“de chiripa”, como dicen sus críticos— y que mantiene liderazgo en estructuras de comercio popular.
Paulo García, diputado local de Morena, reforzó la narrativa de “vendetta” y acusó una estrategia de castigo contra quien critica. Morena cerró filas en defensa del Plan General de Desarrollo y en respaldo a su legisladora.
Pero el discurso de víctima política se topa con la realidad de los comerciantes que, en privado, reconocen seguir pagando cuotas para poder trabajar. ¿Quién fiscaliza esos ingresos? ¿Qué destino exacto tienen? ¿Existe separación real entre la diputada y la operación cotidiana de ProDiana? ¿O el conflicto es, en el fondo, una disputa por el control de la calle?
En la Cuauhtémoc, el comercio popular no sólo es un tema social: es poder, dinero y estructura territorial. Y en ese tablero, la diputada Sánchez Barrios no es una espectadora. Es pieza clave.