El diputado panista Carlos Alberto Valenzuela González presentó una iniciativa con el fin de eliminar el uso de dinero en efectivo en el sector público y así evitar posibles delitos asociados con actos de corrupción, desviación de recursos e incluso para fines electorales; estos, cuando se ejecuta el gasto público.

En la propuesta para reformar diversos artículos a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que se pueden presentar características de anonimato en las transacciones, la rápida capacidad para transformar el dinero, el difícil rastreo del mismo, y el fácil traslado a entidades financieras extranjeras, entre otras, que limitan la acreditación del delito. Estos actos se pueden cometer en los diferentes órdenes de gobierno, poderes públicos y organismos autónomos.

Este proyecto tiene una mayor injerencia para el uso eficaz del recurso, la transparencia y la rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno, puesto que más del 80 por ciento de los ingresos de municipios y mayoritariamente en los estados, provienen de la Federación.

El gasto público de los estados, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el 2017 fue de más de 2 billones de pesos; respecto a los municipios, el gasto que se realizó fue de más de 443 mil millones en el mismo año.

El plan alentará a que los ejecutores del gasto público establezcan estrategias de transitoriedad, fomentará la modernización administrativa y el uso de tecnologías de la información en los municipios del país. Además, en efectos de fiscalización, se hace mucho más fácil y transparente el acceso a datos, documentos e informes que permitan acreditar delitos en contra del erario público.

Sus aplicaciones no tendrán costo presupuestal para ningún orden de gobierno, pero los obligará a diseñar estrategias claras y políticas de sensibilización para el cumplimiento de la ley.

Se busca que los pagos se realicen única y exclusivamente por medios electrónicos o cheques nominativos no negociables y que quede prohibido el uso de dinero en efectivo de los recursos públicos federales.

Asimismo, todos aquellos programas que otorguen subsidios directos a beneficiarios deberán sujetarse obligatoriamente a reglas de operación y se sancionará, en los términos de las disposiciones aplicables, a los servidores públicos que realicen pagos por medio dinero en efectivo.