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Sancionarán a particulares que no cuenten con sistemas de protección de datos personales

Sancionarán a particulares que no cuenten con sistemas de protección de datos personales

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Fernández Sánchez Navarro, presentó una iniciativa de reformas legales, con el fin de establecer sanciones a los sujetos obligados que no cuenten

  • Publisheddiciembre 26, 2017

Ciudad de México a 26 de Diciembre (MENSAJE POLÍTICO/ CÍRCULO DIGITAL).-El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Fernández Sánchez Navarro, presentó una iniciativa de reformas legales, con el fin de establecer sanciones a los sujetos obligados que no cuenten con sistemas adecuados de protección de datos.

Asimismo, propuso modificar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para que el tratamiento de dicha información esté sujeto al consentimiento de su titular de manera verbal o por escrito.

Con estas reformas el artículo 8 y la fracción III del artículo 64 y adicionar una fracción XIX al artículo 63 de dicho ordenamiento, se mejorará la protección del derecho a la privacidad, que tiene toda persona de sus datos personales, consideró el senador panista.

“Con ello disminuiría la desinformación latente entre los particulares titulares de datos personales, otorgándoles mayores herramientas para defender el respeto de sus derechos ante una eventual violación de los mismos ante las autoridades responsables”, destacó.

Refirió que de acuerdo con un estudio de Pricewaterhouse Coopers México, 48 por ciento de las personas morales encuestadas no cuentan con equipo especializado para el tratamiento de los datos personales y 54 por ciento de las empresas no tiene un programa de protección contra robos de base de datos, de conformidad con lo establecido en la Ley.

Ante esta situación, indicó, “es necesario que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) pueda interponer las sanciones correspondientes a los sujetos obligados por no contar con los sistemas adecuados de protección de datos”.

La falta de dichos sistemas representa un riesgo a los derechos de los titulares, ya que no se protege a éste de ser víctima de ulteriores amenazas como secuestro, robo de identidad o afectaciones a su salud física o mental, destacó.

El senador por Baja California Sur señaló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016, de 46 millones de personas sondeadas, 70 por ciento de ellas se dijo afectada en el resguardo de su información personal, ya que ésta es utilizada para ofrecer productos o servicios distintos para los que fueron otorgados los datos personales.

“Esta situación deja ver que los sujetos obligados no cuentan con medidas efectivas para evitar su divulgación y utilización para fines comerciales, además de que no son sancionados por omitir el cumplimiento de sus obligaciones”, destacó.

Ante esto, indicó que con su iniciativa se pretende regular que los responsables de la protección de datos personales otorguen certeza a los titulares de dicha información de que no serán utilizados para fines distintas a las que se expresen en el aviso de privacidad correspondiente, por lo que, añadió, se pretende eliminar la forma de consentimiento tácita que establece actualmente el artículo 8 de la Ley.

En ese sentido, Fernández Sánchez Navarro propuso establecer que “todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular y se entenderá como tal cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos”.

Asimismo, agregó, los responsables estarán obligados a poner a disposición de los titulares el aviso de privacidad correspondiente, el cual deberá ser leído, por lo menos una vez, en presencia de los titulares, así como a entregar dicho aviso “expedido y consentido” por duplicado, correspondiendo una copia al titular y otra al responsable.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictamen.