CDMX, 9 noviembre 2020.- Unos 180 mil menores de edad de procedencia indígena que habitan en la Ciudad de México, además de otros 4 mil infantes en situación de calle, son uno de los objetivos del crimen organizado; por lo que resulta necesario que se desarrolle un “Plan Integral de Protección a la Niñez”, en el que se considere un censo de las y los menores en situación vulnerable, seguimiento y control de niños indígenas y de la calle, su  incorporación al  ISSSTE o IMSS, becas económicas, endurecimiento de la leyes contra sus agresores, apoyos a las organizaciones sociales, y una mayor coordinación entre las autoridades municipales, locales y federales en la protección a los menores.

Así lo manifestó el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Víctor Hugo Lobo Román, mediante un comunicado en el que refirió que las células criminales reclutan a las y los pequeños para realizar actividades delictivas; desde la vigilancia en las calles, (halcones), narcomenudeo en escuelas públicas, parques o jardines, incluso hasta de sicarios. 

El caso de los niños mazahuas asesinados en el centro de la ciudad, presuntamente por integrantes de la Unión Tepito, debe encender los “focos rojos” en el gobierno central, pues puede ser indicio de la forma en la que el crimen organizado  recluta a los niños vulnerables, indígenas o de la calle; signó en el texto. 

El problema al que se enfrentan las personas indígenas en la capital, abundó el perredista, es que los padres salen a trabajar y sus hijos quedan solos, lo que ha provocado que muchos de ellos caigan en vicios o sea más fácil que se integren a grupos delictivos. 

Lobo Román recordó que el artículo 16, fracción K, de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, establece que es obligación del estado proteger a las personas que habitan y sobreviven en las calles y las autoridades deben garantizar todos sus derechos, impidiendo acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra, sin su autorización. 

Esta ley, dijo, establece que se deben  implementar  medidas destinadas a superar su situación de calle,  salvaguardando la dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. 

No obstante, la organización Red por los Derechos de la Infancia en México  refiere que en nuestro país cada día desaparecen 7 niños, niñas y adolescentes,  la mayoría de los casos  no se resuelven.  

Del 1 de enero al 21 de julio del presente año han sido reportados  como desaparecidos mil 970 niños y de acuerdo con el nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre 2000 y 2017 solo el 5.6% de menores de 12 años, hombres, fueron localizados con vida. En el caso de niñas el porcentaje es menor, solo el 5.1%. 

Asimismo establece que en los últimos dos años México pasó de 3.6 homicidios y feminicidios infantiles a 7.0 diarios, es decir que en los dos últimos años los asesinatos de niñas y adolescentes aumentaron un 39 por ciento, en lo que va del 2020, se han documentado 93 por ciento.

Recordó que de acuerdo con datos del INEGI en el 2018 vivían en la capital del país más de 700 mil indígenas y de éstos, poco más de 122 mil personas de cinco años o más hablan alguna lengua originaria. La mayoría de ellos son de los estados de México, Puebla, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca.

Asimismo precisó que  la mayoría de las poblaciones indígenas se concentran en las alcaldías  Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Iztacalco y Venustiano Carranza. 

Lobo Román consideró que este es un problema multicausal que debe ser atendido con prontitud y como prioridad, los gobiernos locales  y el federal deben instrumentar políticas públicas que garanticen la paz en la capital del país, brindar condiciones sanas de  convivencia social y sobre todo reforzar un eficaz sistema de justicia, ya que a la fecha de cada 100 carpetas de investigación  donde niños y niñas son víctimas, sólo tres  alcanzan algún tipo de sentencia y el resto, permanecen en proceso. 

Agregó que el Plan Integral de Protección a la Niñez que propone exige la participación de expertos en la materia, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, académicos y sobre todo la disposición de las autoridades para impedir que  el activo más importante de nuestra sociedad, como son los niños, se encuentren a merced de la delincuencia organizada.

**Con información de cortesía / Foto: Especial