Por NOTICIASCD.MX
Ciudad de México, 16 abril 2026.– En el corazón del debate legislativo emerge una exigencia que sacude conciencias: terminar con los abusos laborales contra pueblos indígenas desde la raíz. La diputada Paula Pérez Córdova ha puesto sobre la mesa una iniciativa que busca obligar a empleadores a entregar contratos laborales en la lengua indígena de cada trabajador.
La realidad es contundente. En México, más de 7 millones de personas hablan una lengua indígena, pero cerca de 866 mil no hablan español. Esta barrera lingüística las coloca en una posición de vulnerabilidad extrema al firmar documentos que, en muchos casos, no comprenden.
Desde tribuna, la propuesta no solo exhibe una omisión histórica, sino que apunta directamente a una práctica normalizada: contratos llenos de tecnicismos y “letras pequeñas” que terminan siendo trampas legales.
La iniciativa busca garantizar un derecho elemental: entender antes de firmar. Con ello, se pretende cerrar la puerta a abusos laborales que han persistido durante décadas bajo el silencio institucional.
El mensaje es claro en el Congreso: justicia laboral no puede depender del idioma. Y hoy, esa deuda comienza a discutirse con fuerza.